Condenado a 33 años de prisión fue liberado por
un amparo otorgado por la SCJN
El sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, sentenciado a 33 años de prisión, fue liberado por la SCJNFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para la La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 8 de junio de 2014, p. 14
San Luis Potosí, 7 de junio.
El abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Armando Martínez
Gómez, quien lleva el caso del sacerdote acusado de pederastia, Eduardo
Córdova Bautista, suspendido definitivamente por el Vaticano, ha
defendido a otros sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores,
como el salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, a quien incluso
logró que se le liberara a pesar de estar condenado a 33 años de
prisión por la violación y asesinato de una menor.
Con base en el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso, al que ha tenido acceso La Jornada,
la operación de la jerarquía católica potosina buscó siempre liberar al
sacerdote Contreras Rodríguez, actuación coherente con la negativa de
la institución a proporcionar información al Ministerio Público para
localizar al sacerdote Córdova Bautista, investigado por el abuso
sexual de más de 20 menores.
En aquella ocasión el sacerdote Contreras Rodríguez fue condenado a
33 años de prisión por la juez sexta del penal, Juana María Castillo,
por violar y asesinar de manera brutal a Itzachel Shantal González
López, de 16 años, alumna del Instituto Salesiano Carlos Gómez, lugar
donde fue encontrado su cadáver el 20 de octubre de 2007.
El sacerdote defendido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí pasó
sólo cuatro años en prisión, ya que el abogado Martínez Gómez,
interpuso un recurso solicitando un amparo directo bajo el expediente
78/2012 para impugnar la sentencia definitiva y la eliminación de la
sanción pecuniaria por el monto de 26 mil 180 pesos y 138 mil 992 pesos
por concepto de reparación del daño.
Fueron el ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su
secretario Javier Mijangos y González, los que finalmente liberaron al
sacerdote acusado de violación y asesinato el 21 de agosto del año
pasado. Ambos también determinaron la libertad de la francesa Florence
Cassez.
Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz, emitió un voto
particular en contra por considerar errónea la decisión de la SCJN:
No comparto la decisión de la mayoría, porque me parece que no se cumple con los parámetros determinados por esta primera sala para verificar con exhaustividad la legalidad de la sentencia penal que se reclama y, además, considero que no se realizó un estudio completo de todas las pruebas.
Crimen sin castigo
Itzachel Shantal era alumna de bachillerato del
Instituto Salesiano y el día de su asesinato acudió al plantel para
entrenar con el grupo de porristas al que pertenecía. No volvió a su
casa.
La menor fue reportada extraviada por su familia y dos días después
fue encontrada en el aula audiovisual del colegio que estaba en
remodelación. Algunos albañiles y personal de intendencia encontraron
el cuerpo de Itzachel Shantal oculto bajo una colchoneta cubierta de
escombros. Los reportes forenses señalan que estaba sin vida desde
hacía 42 horas. La autopsia determinó que fue violada y estrangulada.
La investigación del homicidio duró dos años y el sacerdote José
Carlos Contreras Rodríguez, director de la primaria, fue detenido en
2009, ya que era el único que se encontraba en el edificio donde
ocurrió el asesinato.
Durante la investigación el sacerdote contó con el apoyo no solo de
la Arquidiócesis de San Luis Potosí, sino también de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, según denunció el investigador policial
Julio Ceballos, quien acusó de encubrimiento al ex gobernador Marcelo
de los Santos, al entonces director general de Seguridad Pública
Municipal, Luis Gerardo Olvera, quien supuestamente
maquillóla escena del crimen para retirar la evidencia; al entonces procurador del estado, Martín Camberos Hernández, y al ex director de averiguaciones previas, Héctor Vega Robles.
En cuanto el sacerdote fue detenido, la Arquidiócesis de San Luis
Potosí y la orden Salesiana organizaron manifestaciones y actos
públicos de apoyo, exigiendo su liberación, ya que consideraron que el
proceso en su contra era sólo
inventos con galimatíasjurídicas.
Durante
cuatro años de reclusión, el sacerdote Contreras Rodríguez recibió el
apoyo permanente de la arquidiócesis y del abogado Martínez Gómez,
quien inició una estrategia jurídica con el propósito de lograr su
liberación.
El expediente judicial incluye más de 600 declaraciones recopiladas
entre familiares, amigos, padres de familia y maestros del colegio y de
la comunidad salesiana, pero el proceso de investigación no avanzaba y
fue hasta la entrada de un nuevo gobierno cuando las cosas cambiaron,
particularmente porque el abogado del Instituto Salesiano, Cándido
Ochoa Rojas, se convirtió en procurador y dio a conocer que desde hacía
meses tenían una orden de aprehensión contra el sacerdote Contreras
Rodríguez, quien fue detenido, sometido a proceso y sentenciado.
Sin parámetro de exigencia
La defensa del abogado Martínez Gómez, presidente del
Colegio de Abogados Católicos de México y del Consejo de Analistas
Católicos de México, al lado de Jorge Serrano Limón, dirigente de
Provida, y Paola Villela, de la organización Yo Influyo, cuya labor en
la promoción de la defensa de la jerarquía católica fue definitiva para
la liberación del sacerdote salesiano.
La primera sala de la SCJN determinó finalmente que las pruebas que
presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado se basaron en
indicios
fuera de lógicay
carentes de sentido común, y mantuvieron en prisión durante cuatro años al sacerdote en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila.
Sin embargo, el ministro José R. Cossío Díaz argumenta en su voto
particular que el amparo concedido al acusado no cumplió con el
referido
parámetro de exigenciaque la primera sala ha impuesto para la resolución de un juicio de amparo directo en materia penal.
El estudio de la legalidad es incompleto. Lo anterior porque en la sentencia no se reflejó la revisión integral y total de las pruebas incorporadas a la causa penal, dice el texto del voto particular al que ha tenido acceso La Jornada.
Y añade:
En la sentencia, se realizó una narrativa parcial y segmentada de un conjunto de pruebas; sin embargo, no se narraron todos los elementos probatorios (mas de 50 elementos) que tuvo en cuenta la autoridad responsable para dictar la sentencia definitiva reclamada.
El ministro Cossío Díaz señala en su voto particular que para
cumplir los requisitos de la legalidad indispensables en un juicio de
amparo directo, en el que se advierte una violación a las reglas para
valorar las pruebas, el tribunal de amparo debió analizar cada una de
estas pruebas de
forma individual e integra.
Me parece que en la sentencia de amparo no existe un análisis exhaustivo de los medios de prueba, pues de los 296 medios de prueba que se transcriben en la sentencia reclamada, sólo se confrontan alguno de ellos.
No es el único caso donde la jerarquía católica mexicana decide
defender a sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores. El
abogado Martínez Gómez también ha defendido al cura pederasta Nicolás
Aguilar, por el cual se denunció al cardenal Norberto Rivera Carrera
por
conspiración a la pederastiaante la Corte Superior de California.
También defendió al sacerdote marista Carlos González González,
acusado por cuatro niñas de la primaria del Instituto Potosino de
abusos sexuales, y al sacerdote Noé Trujillo, adscrito a la parroquia
de Nuestra Señora de la Soledad, detenido por elementos de la Policía
Ministerial por la denuncia de la madre de una adolescente de 14 años,
a quien con engaños llevó a un despoblado y la violó.
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