La coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá denuncia violación de derechos
Piden considerar las pruebas en su favor y brindarle garantías jurídicas como imputada
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 21 de marzo de 2014, p. 9
Diputados
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos exigieron la revisión
del expediente que se abrió contra Nestora Salgado García, coordinadora
de la policía comunitaria Olinalá Guerrero, quien fue detenida en
agosto de 2013 por militares, marinos, policías estatales y
municipales, y quien ha denunciado violaciones a sus derechos y haber
sido obligada a firmar documentos para inculparse.
Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD),
del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) plantearon que deben
considerarse todas las pruebas de descargo en favor de Salgado García,
que se asegure el respeto a sus derechos humanos y se le brinden todas
las garantías jurídicas como imputada.
Los diputados señalaron que el movimiento de policía comunitaria de
Olinalá surgió el 27 de octubre de 2012 con el propósito de frenar la
delincuencia en Guerrero ante la inacción de las autoridades, y que la
detención de Nestora Salgado ocurrió presuntamente en represalia, pues
días antes policías comunitarios detuvieron a presuntos delincuentes
vinculados con autoridades del ayuntamiento.
Recordaron que a partir de su detención, el 21 de agosto, fue
trasladada a un penal de máxima seguridad, sometida a tratos crueles e
inhumanos y limitada en su derecho a recibir visitas de su familia,
además de que se ha obstaculizado su defensa legal.
Recordaron
que Nestora Salgado también tiene la ciudadanía estadunidense, y aun
así cuando fue detenida; las autoridades omitieron notificar al
consulado la violación a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y diversos tratados internacionales, en particular la
Convención de Viena.
Los diputados Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Elena
Tapia, Loretta Ortiz Ahlf, Ricardo Mejía y Carlos de Jesús Alejandro
expresaron su preocupación por una creciente tendencia a suprimir los
sistemas de justicia comunitarios y a permitir la impunidad del crimen
organizado y de los servidores públicos.
Señalaron que esto aumenta el clima de violencia, además de que los
cargos exacerbados e inverosímiles contra defensores de derechos
humanos y periodistas contrastan y son mucho más severos que los
presentados contra quienes cometen secuestros, extorsiones y homicidios.
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