NACIONAL
Activistas sufren amenazas por oponerse a “ciudad bicentenario”
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El Estado de México, donde en menos de 10 años (2005-2012) se han cometido mil 485 asesinatos de mujeres y un incalculable número violaciones sexuales, también es el territorio en donde se agrede, hostiga e intimida a quienes defienden los Derechos Humanos (DH), y realizan las labores que las autoridades locales se niegan a cumplir.
La entidad, anteriormente gobernada por el ahora titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, se encamina a ser el reino de la impunidad en materia de agresiones contra personas defensoras, pues en el estado se les agrede o lesiona sin que se investigue o castigue a los responsables.
Ejemplo de ello es un grupo de mujeres y hombres que se organizaron para defender el derecho al agua y acceso a la tierra en el municipio rural de Coyotepec, ubicado al noroeste del estado.
Hoy, en conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), defensores mexiquenses acompañados por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDZL) denunciaron el incumplimiento de las autoridades locales y federales para hacer efectivas las medidas de protección otorgadas a activistas que han sido amenazados, hostigados, agredidos físicamente, y que incluso presenciaron el asesinato de uno de sus compañeros en julio de 2013.
El año pasado el gobierno municipal quiso terminar con el sistema de usos y costumbres por el cual se administraba el agua potable de la comunidad, con el objetivo de municipalizar el servicio.
Y es que el gobierno del estado impulsó desde la gestión de Peña Nieto la construcción en Coyotepec de una de las denominadas “ciudades bicentenario” (estrategia de ordenamiento territorial que contempla unidades habitacionales y vías de comunicación de carácter regional en territorios considerados agrícolas).
De acuerdo con habitantes de la comunidad, esto lejos de beneficiar a la población derivaría en el saqueo de sus territorios, desplazamiento forzado, contaminación e incremento de la delincuencia; por ello mujeres y hombres, en su mayoría ejidatarios del municipio, se organizaron en rechazo a las medidas.
El 9 de junio de 2013, mil 500 personas se manifestaron contra la municipalización del agua bloqueando un tramo de la autopista México-Querétaro; lejos de buscar el diálogo el gobierno estatal, ahora encabezado por Eruviel Ávila Villegas, reprimió la protesta.
“Desde helicópteros lanzaban gas lacrimógeno, no sólo a quienes nos manifestábamos sino también a las casas cercanas”, relató Sergio Velázquez, integrante del ahora conformado Frente 9 de Junio, quien también aseguró que de esa represión resultaron cientos de lesionados, aunque no se cuenta con la cifra exacta de heridos.
Sin perder el objetivo de la defensa de los recursos naturales, ese mismo día mujeres y hombres instalaron un plantón frente a la explanada municipal para impedir la entrada del alcalde, Alfredo Anguiano Fuentes, pero permitieron que el personal del ayuntamiento realizara sus labores de manera normal.
En ese contexto fue asesinado a tiros Alfredo Cruz Luna, integrante del movimiento de defensa, por personas vinculadas al gobierno municipal, acusaron los activistas.
El 10 de julio de 2013, a un mes de instalado el plantón, las y los manifestantes fueron reprimidos nuevamente, pero ahora por supuestos golpeadores contratados por el municipio.
A raíz de ello las intimidaciones y hostigamiento se incrementaron; Irma Luna Montoya e Ivonne González Cristóbal, junto con otros compañeros, comenzaron a ser amenazadas vía telefónica, hostigadas por desconocidos o policías municipales, e incluso agredidas físicamente.
Tal situación las llevó a solicitar resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –dependiente de la Secretaría de Gobernación–, aunque sólo les otorgó medidas “intermitentes”, es decir, rondines policiacos a cargo de agentes municipales.
Antonio Lara Duque, coordinador del CDZL, denunció que pese a las medidas cautelares las defensoras siguen siendo hostigadas e intimidadas, lo que refleja que en el Edomex no se garantiza ni protege la vida y seguridad de las y los defensores de DH.
Explicó que el caso de Coyotepec no es el único donde hay hostigamiento constante contra activistas y defensoras, ni tampoco se trata de un hecho aislado de represión a la protesta social. Apuntó que nada de lo anterior ha sido debidamente investigado.
En tanto, Vicente Moreno Domínguez, defensor de Coyotepec y quien sufrió un atentado a las puertas de su casa en septiembre pasado, exigió que a nivel estatal y federal se garanticen y cumplan las medidas necesarias para proteger su vida y la de su familia.
“No se vale que Enrique Peña Nieto diga (a nivel internacional) que todo está bien en México, cuando la gente humilde sabe que no
es así, mientras no podamos vivir y defender nuestros recursos sin el temor de ser asesinados nada estará bien”, puntualizó.
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