Casi ninguno de estos hechos se investiga adecuadamente, advierte el organismo
Se
reportan amenazas contra activistas, ‘‘práctica generalizada’’ de la
tortura, ausencia de protección a mujeres, migrantes y periodistas;
menciona también ejecuciones extrajudiciales
Retén del Ejército Mexicano cerca de Navolato, SinaloaFoto Víctor Camacho
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 7
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 7
Nueva York, 31 de enero. La
impunidad de las fuerzas de seguridad ante violaciones de garantías
individuales cometidas en el contexto de la lucha contra el crimen
organizado, las amenazas contra defensores de derechos humanos, la
persistencia de la tortura como ‘‘práctica generalizada’’, la ausencia
de protección para los derechos de las mujeres, los trabajadores, los
migrantes y los periodistas, definen a México en torno a los derechos
humanos, según Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.
Justicia militar cuestionada
‘‘Una de las principales causas por las cuales se
repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi
nunca responden ante la justicia’’, señala Human Rights Watch. Esos
casos se investigan dentro del sistema de justicia castrense, donde la
Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil
investigaciones de violaciones de derechos humanos entre enero de 2007
y abril de 2012, pero durante ese periodo los jueces condenaron sólo a
38 integrantes de las fuerzas armadas.
El organismo señala que una razón para la persistencia de estos abusos es la aceptación de algunos jueces de confesiones obtenidas por tortura, a pesar de que esto viola la Constitución, y por otro lado, la impunidad. ‘‘Desde 1994 solamente han sido condenados por tortura dos funcionarios federales. En contraposición a estos datos, la CNDH recibió más de 100 denuncias de esta práctica y más de 4 mil 700 de maltrato entre 2007 y 2011’’, afirma. En los centros de detención ‘‘prevalecen las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene’’, y la mayoría de los reos no cuenta con seguridad básica. Citando a la CNDH, se señala que cerca de 60 por ciento de las prisiones ‘‘están controladas por la delincuencia organizada’’.
Sobre
migrantes, el informe subraya que muchos de los cientos de miles que
cruzan por México sufren graves abusos, tanto del crimen organizado
como de autoridades u oficiales mexicanos. Informa que, según la CNDH,
cerca de 22 mil migrantes son secuestrados cada año.
HRW reporta que las leyes y autoridades en México ‘‘no ofrecen
protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y
sexual’’. En torno a los derechos reproductivos, informa que aunque la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la
constitucionalidad de una ley del Distrito Federal legalizando el
aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, desde entonces 16
de los 32 estados han adoptado reformas reconociendo ‘‘el derecho a la
vida’’ desde la concepción, limitando así el derecho de las mujeres a
la salud.
En torno a los derechos laborales, reafirma que la ‘‘actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a éstos’’, y que hay serias dificultades en los esfuerzos de los sindicatos independientes. Resalta que la reforma laboral, sancionada por el Congreso en noviembre de 2012, ‘‘establece complejas condiciones para iniciar huelgas y facilita que los empleadores remplacen a sus trabajadores habituales con personal contratado a corto plazo por terceros intermediarios, lo cual atenta contra derechos sindicales y garantías fundamentales de los trabajadores’’.
El capítulo del informe se puede revisar en:
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/113202
Libertades y derechos suprimidos
En el rubro de libertad de expresión, HRW resalta los
ataques y presiones contra periodistas, sobre todo aquellos que se han
dedicado a denunciar narcotráfico o que ‘‘han asumido una actitud
crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades’’. Denuncia
que las autoridades no han investigado ni juzgado adecuadamente delitos
contra miembros de la prensa, ni protegido a periodistas vulnerables,
‘‘lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura’’. Informa
que entre 2006 y mediados de 2012, se registraron más de 630 denuncias
por agresiones contra la prensa, y la fiscalía especial dedicada a este
ámbito sólo ha logrado obtener una condena penal desde que fue creada
en 2006.
En torno a los derechos laborales, reafirma que la ‘‘actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a éstos’’, y que hay serias dificultades en los esfuerzos de los sindicatos independientes. Resalta que la reforma laboral, sancionada por el Congreso en noviembre de 2012, ‘‘establece complejas condiciones para iniciar huelgas y facilita que los empleadores remplacen a sus trabajadores habituales con personal contratado a corto plazo por terceros intermediarios, lo cual atenta contra derechos sindicales y garantías fundamentales de los trabajadores’’.
El capítulo del informe se puede revisar en:
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/113202
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