Fueron entre 30 y 40 los plagiados
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 15
Oaxaca, Oax., 22 de diciembre. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Amigos del Camino, informó que los migrantes secuestrados por presuntos integrantes del grupo Los Zetas son entre 30 y 40
, y que al menos dos mujeres fueron violadas.
Para asegurar la integridad física y el anonimato de los testigos, que fueron amenazados en dos ocasiones, el Instituto Nacional de Migración (INM) los tomó bajo custodia
el martes y los trasladó a la ciudad de México en coordinación con un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo.
Del grupo de siete mujeres centroamericanas atacadas el 16 de diciembre, sólo cinco lograron llegar al albergue el lunes 20 y, según relataron al ingresar en el lugar, fueron desnudadas y tocadas en sus intimidades en busca de dinero
. Eduardo, un guatemalteco que logró escapar, corroboró que de su grupo siete son mujeres y dos habían sido violadas
, dijo Solalinde.
¿Cómo niegan el secuestro y al mismo tiempo la CNDH se lleva a 13 testigos para iniciar la investigación?
, cuestionó. Los migrantes ya relataron lo ocurrido, pero al rato también van a decir que las amenazas en nuestra contra son pura ficción
, añadió.
(La postura del INM) es una negación de la realidad, y así no se resuelven los problemas, ocultándolos. No es posible que lo nieguen cuando ni siquiera la Procuraduría General de la República ha iniciado la investigación porque apenas se llevaron a los testigos
, agregó.
Si no hay evidencias del secuestro, ¿por qué el Ejército, elementos del INM y policías estatales realizaron el lunes un operativo en Chahuites para dar con su paradero?, preguntó.
No encontraron nada porque hay filtraciones y hay grandes intereses. Recuerden que nada más en Veracruz el plagio de migrantes representa para los delincuentes un negocio de por lo menos 25 millones de dólares
, afirmó.
Comentó que él y los migrantes fueron amenazados por personas que “todo mundo sabe que son de Los Zetas”.
Señaló que un sujeto ampliamente conocido en Juchitán, porque trabaja con sicarios, llegó al albergue para decirme que sólo quería conocerme. En este contexto me queda claro que es una amenaza. Las policías federal y estatal lo conocen, y la CNDH ya está al tanto
.
Dar lo antes posible con su paradero
, demandan Honduras, Guatemala y El Salvador
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 15
Las cancillerías de Honduras, Guatemala y El Salvador denunciaron en forma conjunta el presunto secuestro de al menos 50 migrantes centroamericanos ocurrido en Chahuites, Oaxaca, y pidieron a México investigar esos hechos y castigar a los culpables.
Dichos países solicitaron a las autoridades mexicanas dar lo antes posible
con el paradero de las personas supuestamente secuestradas el 16 de diciembre, entre las que, según testimonios, habría ciudadanos de esas tres naciones.
Asimismo, en el texto publicado en la página web de la cancillería salvadoreña, titulado Honduras, Guatemala y El Salvador denuncian secuestro masivo de migrantes en México
, demandaron que se castigue a los culpables, para evitar que delitos de ese tipo vuelvan a cometerse.
Precisaron que la denuncia se basa en los testimonios de personas que presenciaron el hecho, los cuales están consignados en el informe oficial enviado por la agencia de protección consular de los países centroamericanos en Arriaga, Chiapas.
Informaron que oficiales consulares obtuvieron los testimonios de cuatro migrantes que presenciaron el secuestro.
Agregaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomó declaración a 13 migrantes centroamericanos testigos del hecho –de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño–, quienes fueron trasladados bajo protección a raíz de amenazas recibidas.
Las cancillerías de Honduras, Guatemala y El Salvador piden al gobierno de México que investigue estos graves hechos para dar lo antes posible con el paradero de las personas secuestradas
, agregaron.
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 14
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que abrió un expediente de queja e inició investigación sobre las denuncias de un presunto secuestro de migrantes centroamericanos –alrededor de 50– en la localidad de Chahuites, Oaxaca.
Al mismo tiempo, la CNDH hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que instrumenten acciones coordinadas con el fin de prevenir el secuestro de migrantes y les brinden atención, a la vez que se respeten sus derechos humanos, independientemente de su calidad migratoria
.
La CNDH destacó que desde que tuvo conocimiento de este caso, así como de amenazas a defensores de derechos humanos en el albergue Hermanos en el Camino, por instrucciones del presidente de la comisión, visitadores generales se trasladaron al lugar para realizar una investigación.
La cancillería salvadoreña informó la semana pasada sobre el secuestro masivo
de migrantes –alrededor de 50, de diversas nacionalidades– que presuntamente fueron retenidos por hombres armados en los límites del estado de Oaxaca.
Periódicos locales de Oaxaca informaron sobre la denuncia del padre Heyman Vasquez, quien manifestó que “en el tren viajaban cerca de 300 migrantes. Poco antes de ser asaltados por hombres armados ocurrió un operativo policiaco y se llevaron detenidos a 80, y kilómetros más adelante se efectuó el secuestro de 50 migrantes”.
Los visitadores de la CNDH que se trasladaron a Oaxaca recogieron testimonios de migrantes que viajaban en el tren el 16 de diciembre y quienes relataron el secuestro de que fueron objeto sus compañeros.
La CNDH informó además que desde el pasado 11 de noviembre solicitó a la Secretaría de Gobernación emprender medidas cautelares en favor del presbítero Alejandro Solalinde Guerra y habitantes del albergue Hermanos en el Camino, al considerar que su vida e integridad física corren peligro.
Mediante un comunicado de prensa, la CNDH reiteró su compromiso con la atención integral y la reparación del daño a la que tiene derecho toda víctima del delito, y subrayó que estará presente en este y en cualquier incidente que vulnere los derechos humanos de los migrantes, con el objetivo de dar puntual seguimiento a las investigaciones y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.
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