Sin avances investigación por tortura a defensores de DH chiapanecos

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis, 16 jun 10 (CIMAC).- A siete meses del allanamiento, abuso de autoridad y tortura que sufrieron los defensores de derechos humanos, Adolfo Guzmán Ordaz, Margarita Guadalupe Martínez Martínez, y sus hijos, la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, denunció la incapacidad y falta de garantías que el Estado Mexicano destina a las y los defensores de Derechos Humanos.

En un comunicado, la organización donde laboran Adolfo y Margarita, con sede en Comitán, Chiapas, señaló que pese a los compromisos asumidos por el estado, aún no se han esclarecido los hechos y no se ha señalado a los responsables de tales atropellos y vejaciones.

Sostuvo que desde que se hizo la denuncia formal el 23 de noviembre del 2009 comenzaron las amenazas de muerte contra la familia de los defensores, y posteriormente contra algunos integrantes del equipo Enlace Comunicación y Capacitación A.C. en Comitán.

Cabe recordar que ambos activistas empezaron a ser amenazados después de que decidieron interponer una denuncia judicial por uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública por parte de los elementos de la Policía Ministerial (cimacnoticias 14 abr 10).

“A la par de las amenazas y previo al peritaje de reconstrucción de hechos, el 25 de febrero de 2010, Margarita fue privada de su libertad y torturada. A raíz de este último acontecimiento y después de sostener una plática en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacía el llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de la familia, se aceptaron las medidas cautelares.

Desde el tres de marzo de este año se implementaron las medidas mediante una escolta permanente que custodia a la familia Ordaz Martínez” informó la organización.

No obstante, Enlace consideró que ello no elimina la vulnerabilidad de Margarita, Adolfo y su familia ya que el pasado 4 de junio, cuando Margarita se encontraba en un domicilio de la ciudad de Comitán, su escolta fue inquirida de manera sucesiva por tres corporaciones, en un tono cada vez más intimidatorio.

Primero por cinco elementos de la policía ministerial, después por elementos de la policía estatal preventiva y por último por un número aproximado de 32 efectivos del Ejército Mexicano, quienes cortando cartucho, obligaron a la escolta a bajar de la camioneta en la que viajaban para revisarla, mientras los encañonaban e interrogaban.

Enlace precisó que durante estos meses han observado un freno en el avance jurídico del caso, debido a que la averiguación previa sigue abierta por el retraso de los funcionarios públicos citados a rendir su declaración en la Fiscalía Especializada en la Protección de los organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos (FEPONGDDH).

Desde el inicio de la denuncia, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra (FDFS), obstaculizó la investigación al no proporcionar la información que la FEPONGDDH solicitaba en tiempo y forma.

Denunciaron que dentro de la indagatoria existen contradicciones en las declaraciones testimoniales de los funcionarios públicos, a los que se les ha tomado su confesión, haciéndola cada vez más compleja y tardada.

“El seguimiento al caso jurídico ha sido separado en tres etapas o eventos, (como si fueran hechos aislados). El primero como allanamiento, tortura y abuso de autoridad, el segundo como amenazas y el tercero como secuestro y tortura siendo que los tres eventos son parte de la misma indagatoria” manifestó la organización.

En este balance la organización civil agradeció el acompañamiento de otras organizaciones en San Cristóbal y Comitán, por haber brindado apoyo moral y acompañamiento en los tiempos más críticos de acoso, tiempos que aún no terminan ya que el caso continúa impune.