22 may 2010

El Alto Comisionado en los Derechos Humanos pide garantías para los habitantes del área

Condena de la ONU por el asesinato de Timoteo Alejandro y Cleriberta Castro

Líder local responsabiliza al gobierno del estado; pretende acabar con el municipio autónomo, dice

Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 22 de mayo de 2010, p. 12

Al menos 25 personas han muerto en los pasados cinco meses en la región triqui de Oaxaca, en lo que los indígenas consideran una agresión de Estado que pretende terminar con el proyecto de autonomía de San Juan Copala. Jorge Albino Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del municipio, aseguró que está firme la decisión de los triquis de llevar adelante su proyecto de autodeterminación, el cual ya cumple tres años.

En conferencia de prensa, Albino se refirió al asesinato del dirigente Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro. Calificó el hecho como otra advertencia de la pretensión del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz de militarizar la región, la cual, dijo, será rechazada por los triquis.

Subrayó que sigue en pie el plan para una nueva caravana que saldrá el 7 de junio de la ciudad de México y llegará al día siguiente a San Juan Copala. Confió en que se sumarán diputados y senadores de las comisiones de derechos humanos, así como organizaciones nacionales e internacionales, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de quienes participen en la movilización.

Albino anunció que el 8 de junio también se realizarán manifestaciones frente a las embajadas de México en el extranjero, como forma de presión al gobierno para que cumpla su responsabilidad de preservar las garantías individuales de los ciudadanos y evitar acontecimientos como los del pasado 27 de abril, cuando en una emboscada en contra una misión de observación de los derechos humanos que se dirigía a San Juan Copala murieron la activista Alberta Cariño y el finlandés Jyri Antero Jaakkola.

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Timoteo Alejandro y su esposa, y reiteró su preocupación por el clima de violencia imperante en la zona triqui, así como por la proliferación de grupos civiles armados que operan sin control.

El organismo urgió a las autoridades a realizar una investigación imparcial y efectiva para sancionar a los responsables. Resaltó que con base en los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano debe prevenir cualquier tipo de violencia y proteger los derechos a la vida y a la integridad de las personas.

También exhortó a las autoridades a adoptar con la máxima urgencia las medidas necesarias para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas que viven o transitan en la zona, y para disminuir la tensión y la violencia.

Por su parte, Albino Ortiz descartó que la muerte de Timoteo tenga su origen en diferencias políticas con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, pues testigos directos aseguran que los agresores no eran indígenas triquis. Sus rasgos físicos correspondían, más bien, a personas de la región de Putla, quienes llegaron a la casa de Alejandro Ramírez en un automóvil Jetta color blanco.

De acuerdo con esas versiones, el vehículo salió a toda velocidad del pueblo, alrededor de las 18:05 horas. Por eso, Albino insistió en responsabilizar al gobierno estatal de los hechos, y al recordar al dirigente muerto, comentó: Timoteo dio su vida por el proyecto de autonomía y unión de las comunidades. Ahora nuestra obligación es mantenerlo y sacarlo adelante.

Albino explicó que desde 2007, cuando los triquis proclamaron la autonomía de San Juan Copala, avanzaron en varias de las iniciativas para el desarrollo de las 32 comunidades donde se encuentran los indígenas. El proyecto se inició con seis localidades y a la fecha participan 15.

Hasta hace cinco meses no se había registrado ninguna muerte. Fue hasta que campesinos de San Salvador Atenco pretendieron llegar al municipio para participar en un acto que la violencia se acrecentó.

Desde entonces se instaló el bloqueo de parte del grupo Ubisort, que dirige el PRI, que con el argumento de un supuesto riesgo por la llegada de personas ajenas a la comunidad ha mantenido el control del acceso y salida del pueblo. En realidad, destacó Albino, el objetivo del gobierno de Oaxaca es infundir el temor entre los triquis y que abandonen el proyecto de autonomía y autodeterminación, el cual es el primero en la entidad.

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