2 abr 2010

Documentó la CDHDF ocho "ejecuciones extrajudiciales"


El año pasado se comprobaron ocho ejecuciones perpetradas por oficiales, detalla informe

Aumentaron 30% quejas por tortura en 2009, dice la CDHDF

Personal ministerial, de la policía judicial y custodios de centros de reclusión, implicados en casos de maltrato, afirma

Los muertos, porque se negaron a detenerse en puntos de revisión

Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Viernes 2 de abril de 2010, p. 26

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), encabezada por José Luis González Placencia, contabilizó en el año anterior un aumento de más de 30 por ciento en el número de quejas recibidas por tortura y detenciones ilegales y arbitrarias con respecto de 2008, además de que en ese mismo lapso documentó las ejecuciones extrajudiciales de ocho individuos, quienes fueron asesinados por policías luego de que se negaron a detenerse para una revisión de rutina o cuando perseguían a una tercera persona.

En su informe anual, el organismo señala que en 2009 recibió siete denuncias por violaciones al derecho a la vida, específicamente por presuntas ejecuciones extrajudiciales, hechos que se atribuyeron a agentes de las policías preventiva y judicial.

A raíz de estas quejas, la CDHDF emitió tres recomendaciones: la 12/2009, en torno al caso de un joven motociclista a quien se pidió detenerse para una revisión de rutina, pero al no hacerlo fue perseguido y una vez sometido fue privado de la vida extrajudicialmente. Otra es la 16/2009, por el caso de cinco personas a quienes en hechos distintos también se les marcó el alto para realizar revisiones o levantar infracciones y que al negarse fueron perseguidas y privadas de la vida.

En la recomendación 22/2009 se documentan otros dos casos de abuso policial: en el primero una persona que estaba como rehén murió por disparos de arma de fuego realizados por un policía que se enfrentaba a los presuntos delincuentes, así como la muerte de un hombre también a balazos por un elemento policiaco cuando perseguía a una tercera persona.

En todos los casos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) aceptó las recomendaciones. Sin embargo, según la información obtenida de la página de Internet de la Comisión de Derechos Humanos del DF, la mayoría de los puntos recomendatorios no han sido cumplidos, como el reconocimiento público de la responsabilidad en los hechos, la reparación del daño, así como el diseño de “políticas para prevenir y erradicar las ejecuciones arbitrarias cometidas por elementos de la policía”.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, en imagen de archivoFoto Cristina Rodríguez

Para el organismo, los puntos de revisión que se instalan en los operativos y la reacción de policías frente a la huida de personas que rehusan someterse a revisión es un símil de la situación que se produce a nivel nacional en los retenes militares, en los cuales muchas personas han sido privadas de la vida extrajudicial y arbitrariamente.

En cuanto a los casos de tortura, las quejas aumentaron de 75 en 2008 a 102 el año pasado, actos atribuidos principalmente a la policía judicial, personal ministerial, de la SSP-DF, de juzgados cívicos y custodios de centros de reclusión.

La mayoría de los quejosos, señala el informe de la comisión, aseguraron haber sido víctimas de asfixia con métodos húmedos y secos, ahogamiento, sofocación, estrangulación o uso de sustancias químicas; agresiones con objetos contundentes, choques eléctricos y quemaduras con cigarrillos o instrumentos calientes, además de padecer diversas humillaciones.

Durante 2009, la CDHDF emitió dos recomendaciones por actos de tortura: la 1/2009 en agravio de cuatro personas, y la 19/2009 por afectaciones a adolescentes en conflicto con la ley e internos de reclusorios, como los femeniles de Tepepan y Santa Martha, la penitenciaría del DF y el Reclusorio Sur.

En cuanto a las detenciones ilegales y arbitrarias, en 2009 se presentaron 26 quejas, 35 por ciento más que en 2008, ante lo cual el organismo encabezado por González Placencia expresó su preocupación pues, advirtió, estos casos pueden dar pie a desapariciones forzadas, pues se priva de la libertad a las personas sin que se informe a ellas o a sus familiares el motivo y sin especificar ante qué autoridad las pondrán a disposición.

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