30 abr 2010

En México más de 3 millones de personas desempleadas
Deterioro laboral y conflictos sin resolver, en Día Internacional del
Trabajo

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 30 abr 10 (CIMAC).- La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en el país, se vive en medio del deterioro laboral, que se caracteriza por más de 3 millones de personas desempleadas, 65 por ciento de las y los trabajadores sin seguridad social, y ante conflictos laborales sin resolver, como son el de los gremios minero y electricista.

En el centro del país, la “celebración” de reivindicación de derechos laborales se llevará a cabo en un zócalo capitalino ocupado por decenas de trabajadores electricistas, quienes desde el domingo pasado se han ido sumando a una huelga de hambre masiva, con el objetivo de que el gobierno federal les devuelva su empleo a seis meses de su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres sin empleo.

Las y los electricistas se añadieron a las filas del desempleo, que en septiembre pasado llegó a 3 millones 010 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, autonombrado “presidente del empleo”, la desocupación abierta creció 72 por ciento, según denunció el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su XIII Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México 2009.

Ese año, la economía informal se mantuvo a la alza, y para febrero de 2010 alcanzó 12.6 millones de personas ocupadas en este sector, superando a las y los trabajadores registrados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe mencionar, que una de cada 3 mujeres ocupadas labora en este sector, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El aumento en la economía formal está vinculado con que 65 por ciento de las y los trabajadores del país no tengan acceso a la seguridad social, refiere el informe del Cereal con base en información oficial.

CANANENSES EN RESISTENCIA

Mientras las y los electricistas, junto con millones de trabajadoras y trabajadores quedaron sin empleo y en la informalidad, en el norte del país, la comunidad minera de Cananea, Sonora, sostiene una huelga de más de dos años en busca de condiciones de seguridad e higiene, que eviten la muerte de cientos de mineros de la región.

Los trabajadores del cobre, junto con sus esposas organizadas en el Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de los trabajadores de México, sostienen que no darán un paso atrás, a pesar de que en febrero pasado las autoridades del trabajo desconocieron su movimiento.

El 31 de julio de 2007, trabajadores de la Sección 65, 17 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, izaron las banderas rojinegras, en Cananea, Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.

Dos años y siete meses después, las autoridades del trabajo desconocieron el movimiento de la sección 65, y les ofrecieron una liquidación que en promedio asciende a 170 mil pesos por trabajador.

Además de mejorar las condiciones de seguridad e higiene, los mineros cananenses demandaron una revisión contractual, a fin de optimizar sus prestaciones y salarios.

MAYORÍAS RECIBEN SALARIO INSUFICIENTE

En el país, las mayorías trabajadoras perciben salarios que no les permite cubrir sus necesidades primordiales. Esta situación es todavía más alarmante para las mujeres, sobre todo para las obreras y artesanas, quienes en promedio perciben un ingreso 38.4 por ciento menor que el de los hombres.

En 2009 de las 16.9 millones de trabajadoras en el país, 61 por ciento percibió de uno a tres salarios mínimos, considerados insuficientes para costear la canasta básica alimenticia. En tanto, de los 27 millones de trabajadores, 51 por ciento se encontró en esa circunstancia.

Otro indicador que da cuenta del deterioro laboral, es que en ese año, 10 por ciento de las trabajadoras y 8 por ciento de los trabajadores del país laboraron sin percibir ingresos.

VIOLENCIA DE ESTADO

De acuerdo con el informe del Cereal, el deterioro laboral, que se agudizó debido a que el gobierno federal optó por medidas anticrisis que “precarizaron” el mercado de trabajo, sólo puede llamarse violencia de Estado.

“No puede sino llamarse así, categorizarse así, al deterioro imparable del derecho a una vida digna. No puede sino analizarse así, la progresiva obstaculización y negación de legítimas aspiraciones de millones de mexicanos y mexicanas”, indica en un comunicado difundido en el marco del Día Internacional del Trabajo.

Ante a este panorama, especialistas en el tema como Rosario Ortiz Magallón, refieren que el sindicalismo es la forma en la que mujeres y hombres pueden exigir que sus derechos se cumplan.

Sin embargo, en México, este derecho, establecido en la Ley Federal del Trabajo, no se respeta, manifestaron ayer sindicalistas, abogadas y abogados laborales, integrantes del jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, tras analizar más de una docena de casos, presentados por trabajadoras y trabajadoras del país.

La falta de soluciones por parte de las autoridades mexicanas deriva en la búsqueda de justicia en el extranjero, este es el caso de las esposas y familias de 28 de los 63 mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.

En febrero de este año, luego de agotar las instancias en el país, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que la primera semana de abril notificó a las y los familiares que analizará las violaciones a sus derechos humanos, para ver su admisibilidad.

No irán a la cárcel, pero si son criminalizadas
Esperan 9 mujeres en Puebla sentencia por practicarse un aborto


Por Dalia Patiño, corresponsal

Puebla, Pue, 30 abr 10 (CIMAC).- En 8 municipios de Puebla hay 30 casos de mujer
es indiciadas por practicarse un aborto, 9 de ellas ya fueron consignadas y 21 más enfrentan procesos de averiguaciones previas; esto de acuerdo a los datos revelados por la Procuraduría General de Justicia, como parte del último informe que rindió el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia.

Los municipios en los que se registran estos casos son: Acatlán, Cholula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, Puebla y Tehuacán, en estos dos últimos municipios, se presentan el mayor número de casos con 7 y 8, respectivamente.

De las nueve mujeres que enfrentan ya un proceso penal se espera aún la respuesta del juez y su sentencia; sin embargo cabe recordar que en este estado el aborto no es considerado como un delito grave, lo que limita de alguna forma el encarcelamiento. No obstante eso no impide que estas mujeres sí estén siendo criminalizadas.

Aunque el código Penal en Puebla permite la práctica del aborto con causales como peligro de la madre, peligro del producto, malformaciones o violación, no existe el procedimiento que facilite a una mujer la interrupción del embarazo producto de una violación.

En dichos casos, el procedimiento se sujeta a la autorización de los Ministerios Públicos, quienes pueden retrasar a más de 3 meses su aprobación.

La ley sobre el aborto en Puebla ha sido calificada por diversas organizaciones como un retroceso en la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres, sobre todo cuando se hacen reformas que obedecen a negociaciones mediáticas con la jerarquía de la Iglesia Católica.

En este sentido y como parte de su vista a la Universidad Iberoamericana, Patricia Mercado, presidenta del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, se pronunció en contra de estos “intercambios” que tienen como finalidad la venta del voto a costa del derecho básico de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y salud.

VAN 278 RECURSOS Y AMPAROS

Así, a poco más de un año de que fue aprobada la ley que “protege la vida desde su concepción hasta la muerte, salvo sus excepciones”, unas 278 mujeres poblanas en edad reproductiva han interpuesto recursos de inconstitucionalidad y amparos en diferentes instancias, como la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sin que hasta el momento se tenga una respuesta.

Vianey González, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer (Ddeser) con presencia en Puebla, recordó que el 5 de marzo de 2009, fue presentada esta iniciativa de reforma por los diputados de la fracción priísta José Othón Bailleres Carriles y Pablo Fernández del Campo, y fue aprobada sin mayor análisis ni consenso el 12 de marzo del mismo año y publicada el 3 de junio de 2009.

Vianey González refiere que ante ese albazo se recurrió a la controversia constitucional promovida por el municipio de Palmar de Bravo (de extracción panista), ya que fue el único en manifestar su desacuerdo por las modificaciones a las reformas del estado. Sin embargo el alcalde reviró y se negó a impulsar este proceso.
Para el 15 de julio de 2009 un total de 115 mujeres interpusieron amparos directos ante el juzgado décimo de distrito; pero el recurso nuevamente fue desechado.

Posteriormente se volvieron a reagrupar y el 2 de diciembre de 2009 de nueva cuenta 163 poblanas se ampararon ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la conciencia de que los procesos en estas instancias suelen dar respuestas hasta los 5 ó 10 años.

OPCIONES DE LAS POBLANAS

En el estado existen poco más de 5 millones de personas, de las cuales más del 50 por ciento son mujeres, y de este porcentaje la mitad se encuentra en edad reproductiva; sin embargo el tema de la despenalización del aborto no parece ser una prioridad en la agenda de propuestas de la mayoría de candidatos y candidatas a diputados que esperan ocupar una curul en la siguiente legislatura estatal.

Las posibilidades de las mujeres ante este precario escenario se focalizan en el Distrito Federal, donde la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, permite a muchas mujeres del estado y de otros, acceder a esta práctica en clínicas donde no se ponga en riesgo su vida y su salud.

LAS CIFRAS EN EL DF

Cifras que reportan las autoridades de salud en el DF, desde que se despenalizó el aborto, se han practicado 38 mil 126 abortos. En el DF se observa que las solicitudes de las poblanas han aumentado 82 por ciento de 2007 a 2009.

En el 2007 se registraron sólo 8 casos, en el 2009 la cifra aumentó a 66 y hasta marzo de este año ya se habían practicado 33 procedimientos para mujeres poblanas.

En la entidad opera el Fondo de Aborto para la Justicia Social (Fondo María), el cual trabaja para asesorar y apoyar a mujeres del estado que no cuenten con recursos para el traslado y hospedaje, y que buscan acceder a una interrupción segura del embarazo no deseado, en el Distrito Federal.
Exige Finlandia a México esclarecer muerte de activista en Oaxaca
La redacción

MEXICO, D.F., 30 de abril (apro).- Finlandia exigió a México realizar una “completa investigación” sobre el asesinato del activista finlandés Jyri Jaakkola, durante una emboscada a una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, el martes pasado, afirmó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

Las víctimas mortales fueron el observador de derechos humanos de Finlandia, Jyri Jaakkola, y la mexicana Beatriz Cariño, directora del grupo de derechos Cactus.

La caravana pretendía entregar alimentos y suministros en San Juan Copala, donde las tensiones han aumentado entre los pueblos y los indígenas Triqui.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia dijo: "La embajada finlandesa en México ha transmitido las mismas exigencias al secretario general y al ministro de Interior del estado de Oaxaca".

Añadió: "Hasta ahora, las autoridades locales no han entregado información sobre cuál de los grupos armados activos en el área es responsable por el asesinato”.

Y dijo: "Finlandia condena la violencia y exige que aquellos responsables sean llevados a juicio".

Los militares mataron a mis hijos: Cynthia Salazar

La Redacción

MÉXICO, DF, 30 de abril (apro).- La madre de los menores que perdieron la vida en Tamaulipas, Cynthia Salazar, refutó la versión difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que sus hijos murieron por granadas:
“Bryan falleció por impacto de balas, no por granada, no es como lo dicen”, denunció en Culiacán, Sinaloa.

En entrevista radiofónica, sostuvo: “Estoy 100% segura de que fueron militares quienes agredieron a mi familia”.

Por la mañana, el procurador general de Justicia Militar, José Luis Chávez García, dijo que según el peritaje castrense los menores murieron por “esquirlas de granadas, que no pertenecen a las utilizadas por el Ejército”.

Sin embargo, la señora Salazar insistió en que “Bryan falleció por impacto de balas (...) se me murió en mi brazos cuando me bajé de la troca”.

Luego de este testimonio, el abogado de la familia, Raymundo Ramos, dijo que acudirán a instancias internacionales de ser necesario, e invitó al presidente Felipe Calderón a asistir a Tamaulipas, como lo hizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de la matanza de 16 jóvenes en Villas de Salvácar.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que los peritajes y dictámenes que sustenta la Sedena serán contrastados con sus propias investigaciones.

Así lo informó su titular, Raúl Plascencia, al presidir en Culiacán la ceremonia del segundo informe de labores del ombudsman estatal, Juan José Ríos Estavillo.

Plascencia Villanueva recordó que, en el 2009, se acumuló el mayor número de quejas contra el Ejército, con un total de 30 casos y, lo más grave, es que las fuerzas castrenses continúan con estas prácticas.

29 abr 2010

COMUNICADO SESION PUBLICA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL


PREOCUPA A SINDICALISTAS Y ABOGADOS DE EUROPA Y AMERICA LATINA LA IMPUNE VIOLACION A LA LIBERTAD SINDICAL EN MEXICO

* Inaugura Raúl Vera Sesión Pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical

* Lograr respeto a los derechos laborales o cambiar la estructura gobernante en México, afirma obispo de Saltillo
* Desde diversos lugares del mundo estaremos atentos a lo que pasa en México, especialmente con el SME y los mineros de Cananea: presidente de la FIDH

Ciudad de México, 29 de abril de 2010

Las y los trabajadores tienen la obligación de unirse para exigir y lograr el respeto de sus derechos laborales y sociales, pero de no lograrlo deben cambiar la estructura gobernante en México, porque ya no tienen para donde hacerse, afirmó hoy el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, al inaugurar hoy en la ciudad de México, la Sesión Pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical.

Ante cientos de trabajadoras y trabajadores, el también defensor de los derechos humanos, explicó que la clase trabajadora mexicana ha sido orillada a condiciones de vida terrible, de esclavitud. Presentó fotografías tomadas por el reportero David Cilia, recientemente desaparecido en Oaxaca, donde se muestra la vida de muchos trabajadores niños y indígenas que son obligados a extenuantes jornadas laborales.

Agradeció a las y los trabajadores de Luz y Fuerza en resistencia, mineros, y a todos aquellos que defienden un sindicalismo democrático; a aquellas miles de personas que no cuentan con trabajo y se mantienen por la vía honrada para sobrevivir; a los miles de migrantes centroamericanos que han sido extorsionados, a estudiantes, padres de familia y mujeres por mantenerse en pie ante un sistema que es esclavista y que no hace más que beneficiar a los banqueros y gobernantes que velan únicamente por sus intereses.

Por su parte, el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva , condenó al gobierno mexicano por su sistemática violación de laborales y de organización de millones de trabajadoras y trabajadores que son despedidos, hostigados física y jurídicamente, y hasta agredidos físicamente por tratar de organizarse.

"Con su orientación neoliberal, el gobierno mexicano nos ha llevado a una situación límite que amenaza los derechos y las conquistas logradas durante un siglo de lucha. No estamos hablando de algunos derechos, sino de una situación real que pone en riesgo conquistas como la libertad de organización y negociación colectiva", indico De la Cueva , moderar del acto por parte del Comité Organizador del Tribunal.

La sesión pública de este jueves tuvo como punto fundamental que los distintos movimientos que han visto vulnerada su libertad sindical expusieran su caso ante los miembros del Tribunal que está compuesto, en su parte internacional por Dean Hubbard, de Estados Unidos; Laura Mora, de España; Amparo Merino de España; James Cockroft, de Estados Unidos; María Estrella Zuñiga, de Chile Horacio Meguira, de Argentina; Hugo Barreto, de Uruguay; Luiz Salvador, de Brasil y Luis Guillermo Pérez, de Colombia; Lidia Guevara, de Cuba.

Las personalidades nacionales que lo conforman son el sacerdote dominico y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, el maestro emérito Alfredo Sánchez Alvarado, la actriz Ana Colchero, los abogados Enrique Larios y Oscar Alzaga; el también defensor de los derechos humanos, doctor Miguel Concha Malo y por el periodista Miguel Angel Granados Chapa y la senadora Rosario Ibarra, estos dos últimos quienes se disculparon por no estar presentes en la sesión pública.

Luego de que los integrantes de sindicatos como el Mexicano de Electricistas, Sindicato Nacional de Mineros de la República Mexicana , Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Sección IX , Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sindicato de Gasolineros STRACC (en huelga), Sindicato de Vidrieros de San Luis Potosi, Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, Sindicato Unitario de Trabajadores de la UAP , Sindicato de Atento-call center, expusieron de viva voz las distintas violaciones a sus derechos por parte del gobierno mexicano y autoridades laborales, los integrantes del Tribunal expresaron su preocupación por las arbitrariedades e injusticias que permean el mundo laboral mexicano.

El presidente de Federación Internacional de Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez, puso énfasis en que es necesario advertirle al gobierno mexicano que respete los derechos humanos y laborales de las y los mexicanos porque con este Tribunal los ojos de todo el mundo estarán puestos en México.

"Desde distintos lugares del mundo estaremos atentos a lo que pasa en México, con todos los movimientos y luchas, pero sobre todo, estaremos vigilantes de lo que suceda con el Sindicato Mexicano de Electricistas y con los mineros de Cananea y no tengan duda, llevaremos a Felipe Calderón a juicio internacional si la sangre de los trabajadores corre", agregó Luis Guillermo Pérez.

"Ustedes —dijo a las y los trabajadores mexicanos—, son los sujetos históricos del cambio. Tienen que unirse, actuar; 1810 fue el año de la Independencia , 1910 fue año de la Revolución Mexicana y 2010 sólo ustedes decidirán qué sucederá, pero lo cierto es que debe ser un año de lucha por sus derechos.

A su vez, el José Arturo Ruiz, en su calidad de Observador de los Trabajo en representación de las Federaciones Internacionales del Transporte y de Servicios Públicos, expuso que el movimiento sindical de Guatemala está observante y preocupado por la impunidad que existe en México por la falta de respeto a los derechos sindicales; "exigimos un poquito de justicia para acabar con las condiciones de esclavitud que persisten para muchos en este país. Otro México es posible, concluyó.

Los integrantes del Tribunal manifestaron su compromiso de analizar cuidadosamente los expedientes de los casos de violación a la libertad sindical para elaborar un fallo bien documentado; y empeñaron su palabra en hacer una campaña para difundir a nivel mundial la precaria situación de la clase trabajadora mexicana, y agradecieron la confianza depositada en ellos por los organizadores del Tribunal.

A lo largo de este día y de mañana viernes 30 de abril, los integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical trabajarán a puerta cerrada en el análisis de los casos para elaborar su FALLO DEFINITIVO, el cual será leído el próximo 1 de Mayo, en el marco de las marchas independientes en conmemoración del Día del Trabajo.

Levantan autoridades los cadáveres del finlandés y la mexicana

Desaparecidos, varios de los emboscados en Copala

El grupo atacante restringe los trabajos de la policía en esa zona


Vigilancia del Ejército en la comunidad oaxaqueña de Santiago Juxtlahuaca, donde fueron conducidos los sobrevivientes del ataque a tiros en las inmediaciones de San Juan Copala

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 5

Oaxaca, Oax., 28 de abril. La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, miembros de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Sin embargo, la policía sigue sin poder localizar a varias personas que están desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.

Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –quien se encuentra en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los dos reporteros de esa publicación que están desaparecidos–, que el grupo paramilitar amenazó con atacarlos si no se retiraban del lugar. Ofrecieron que este jueves, con la luz de día, volverán a incursionar en el monte, previo acuerdo de tregua con el grupo armado. Badillo solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación a fin de que las autoridades recuperen el control de la zona y los desaparecidos puedan ser buscados.

En la caravana participaban 25 personas, entre activistas y periodistas. Sólo cinco de los desaparecidos han sido identificados: Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de Contralínea; Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martin Sautan, un observador alemán. Los vehículos fueron recuperados hoy por la policía estatal. El Dodge Attitude azul claro, con placas 4761 TMD, del estado de Quintana Roo, en que viajaban los reporteros, tiene 25 impactos de bala. Una Suburban y el resto de los vehículos también se encuentran dañados y con decenas de impactos.

En un boletín, el gobierno estatal informó que el fiscal de Santiago Juxtlahuaca, apoyado por peritos y policías preventivos y de la AEI, acudieron al paraje Los Pinos, donde encontraron los cadáveres de dos personas en una camioneta blanca con la leyenda Frente Nacional Indígena y Campesino AC, y presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los fallecidos fueron identificados como Tyri Antero Jaakkola, finlandés integrante de la organización Uusi Tuuli Ry, y Beatriz Alberta Cariño Trujillo, esposa de Omar Esparza Zárate, coordinador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Los cuerpos fueron trasladados a Huajuapan de León para la necropsia de ley.

Mónica Citlalli Santiago Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa internada en el Hospital del IMSS de Santiago Juxtlahuaca, y su estado de salud se reporta estable.

La Ubisort también se deslindó y atribuyó la balacera a un autoatentado. Precisó que los MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad; ellos matan y nos culpan a nosotros.

Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, dijo a la prensa que la policía no había entrado a la zona a restablecer el orden porque no hay condiciones favorables. No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos, asentó.

Por su parte, Gabriela Jiménez Rodríguez, concejal de la APPO y sobreviviente del ataque, dijo que la caravana fue atacada el pasado martes alrededor de las 14:50 horas por hombres encapuchados provistos de armas largas en las inmediaciones del paraje Los Pinos, a unos 10 kilómetros de La Sabana, pueblo cercano a San Juan Copala.

“Al salir de una curva –señaló– encontramos bloqueado el camino con piedras; entonces el chofer de la camioneta decidió regresar y en ese momento los paramilitares empezaron a dispararnos. Como pudimos, algunos nos bajamos para correr al monte, pero desafortunadamente dos compañeros fueron alcanzados por las balas y ahí quedaron. Las dos víctimas recibieron disparos de armas de fuego en la cabeza.”

Explicó que junto con otras personas se internó en el monte y poco después fueron encontrados por los hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la Ubisort, vinculada al PRI, y del MULT, base social del Partido Unidad Popular, de registro local, quienes los llevaron nuevamente al lugar de la agresión.

Nos dijeron que ahí no pasaba nadie, que era su territorio; incluso uno nos dijo que también nos matarían, pero otro nos expresó que nos perdonaban la vida y pudimos regresar. En el camino un hombre nos llevó hasta Santiago Juxtlahuaca, asentó.

Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, dijo que Noé, el chofer de la camioneta donde murieron el activista finlandés y Cariño Trujillo, llegó en la madrugada a Santiago Juxtlahuaca y aseguró haber visto los cadáveres de otros activistas. Mencionó que otros sobrevivientes que llegaron a Juxtlahuaca hicieron el mismo relato y consideró que los cuerpos quizá hayan sido desaparecidos por los paramilitares debido a la gravedad de los hechos.

Precisó que los desaparecidos de la APPO, David Venegas Reyes y Noé Bautista Jiménez, se comunicaron vía radio a Santiago Juxtlahuaca, pero no se ha sabido más de ellos. En la caravana participaban activistas de Italia, Bélgica y Alemania, quienes también se internaron en el monte y hasta ahora no tenemos reportes de ellos, asentó.

Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del SNTE, culpó del ataque al gobernador Ulises Ruiz debido a su indiferencia para detener la violencia y por el respaldo de su administración a la Ubisort.

Finalmente, por la noche, trascendió que representantes diplomáticos de Finlandia, Alemania, Bélgica e Italia se acercaron al palacio de gobierno del estado en busca de información sobre sus connacionales.

Reacciones de AI y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

Condena internacional a la emboscada a la misión de observación en la zona triqui

Llaman a las autoridades mexicanas a investigar de manera profunda e imparcial el ataque

Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 7

Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a investigar de manera profunda e imparcial el ataque contra la misión internacional de observadores de derechos humanos que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

Demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) porque las autoridades de Oaxaca, por varios años, han sido renuentes a indagar violaciones graves a los derechos humanos en el estado.

La PGR debe tomar medidas inmediatas para proteger a los afectados en el ataque y realizar una investigación completa e imparcial, expresó Guadalupe Marengo, directora adjunta de AI para las Américas.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó la emboscada y manifestó su preocupación por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui de Oaxaca, así como la proliferación de grupos civiles armados en la región, que operan sin control alguno de las autoridades estatales.

Expresó preocupación porque el ataque armado haya impactado negativamente en periodistas y activistas, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información.

Le recordó al Estado mexicano que tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad personal frente a terceros, particularmente en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Otros organismos se manifestaron en el mismo sentido y exigieron al gobierno federal garantías para que los defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor en México.

Por otra parte, desde Barcelona, España, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos denunció que la violencia en la zona triqui de Oaxaca ha provocado durante años un sinfín de asesinatos nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad, a la cual se suma la agresión del pasado martes.

En México, diversas agrupaciones no gubernamentales, en tanto, hicieron circular una acción urgente por lo ocurrido. Al presidente Felipe Calderón le expresaron, en ese documento, que no valen justificaciones o deslindarse de la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos a la vida, integridad física y libre tránsito.

Centros de derechos humanos como el Bartolomé Carrasco Briseño, el Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) pidieron al gobierno federal informe sobre lo realmente ocurrido, garantice la salida y atención de los heridos que se encuentran en el lugar de la emboscada, pronta reparación del daño y se actúe de manera inmediata para atender de fondo la violencia en la zona triqui.

También, que garantice la protección de defensores de derechos humanos y se asuma la responsabilidad por no aplicar los mecanismos adecuados cuando estos últimos se ven obligados a intervenir en situaciones de riesgo para cumplir con su labor. Denunciaron al gobierno de Oaxaca por su nula intervención para prevenir el ataque.

28 abr 2010


Grupo armado ataca caravana de paz en Oaxaca

Contralínea

Inicia operativo de rescate a caravana de paz 28/abril/2010 (Actualización)

A las nueve de la mañana de este miércoles 28 de abril de 2010 inició el operativo para rescatar a los integrantes de la caravana de paz que se dirigían a la comunidad autónoma de San Juan Copala, Oaxaca, y que fueron emboscados por paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort, de filiación priista).

En el operativo participan unos 45 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, un cuerpo de médicos y un cuerpo de peritos .Van en 10 camionetas, cinco de ellas identificadas con la Agencia.

Organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos alertaron desde ayer, 27 de abril, que en el paraje conocido como La Sabana algunas personas que formaban parte de esa caravana habían sido “muertos y heridos”, sin poder identificar el número ni el nombre de las víctimas.

La caravana de paz –que llevaba alimentos al municipio autónomo y buscaba documentar graves violaciones a las garantías individuales cometidas por los paramilitares en la zona– estaba integrada por alrededor de 40 defensores de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas, entre ellos dos reporteros de Contralínea: Érika Ramírez y David Cilia.

Hasta ahora se desconoce el paradero de los periodistas de este semanario. También, su estado de salud. Contralínea repudia el ataque y la presunta privación ilegal de la libertad de quienes integraban la caravana de paz.

La comunidad autónoma de San Juan Copala se ubica en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca. Conformada por más de 700 habitantes, enfrenta un cerco paramilitar derivado de la disputa de tierras entre organizaciones como la Ubisort (a la cual se le identifica con el gobierno de Ulises Ruiz), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (impulsor del municipio autónomo).

BASTA A LA REPRESIÓN GOBIERNO TERRORISTA !

HOLA COMPAÑEROS, RECIBÍ ESTE MENSAJE DE NUESTRO COMPAÑERO Y AMIGO, DAVID CILIA, REPORTERO DE CONTRALINEA, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO DEL 68. DOS REPORTEROS DE LA REVISTA CONTRALÍNEA ESTAN DESAPARECIDOS, LOS SECUESTRARON EN OAXACA, ELLOS SON: ERIKA RAMÍREZ Y DAVID CILIA, HIJO, JÓVEN DE UNOS 20 AÑOS, DEFENSOR DE LOS DERECHO HUMANOS. FAVOR LEER EL MENSAJE Y DIFUNDIRLO. Y SIGUE EL ATAQUE A "CONTRALÍNEA", YA BASTA
DE TANTA REPRESIÓN A PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.SALUDOS Y GRACIAS POR DIFUNDIR ESTE MENSAJE.


Por favor difundan esta nota de CONTRALINEA y respondan a la SOLICITUD DE ACCIÓN URGENTE que viene un poco más abajo.
Como algunos de ustedes saben, mi hijo mayor David es reportero de la revista Contralínea, en ese carácter viajaba en la caravana de derechos humanos que fue atacada en La Sábana, San Juan Copala, Oaxaca a las 14:50 del día de hoy, desde ese momento se encuentra desaparecido junto con la reportera de la revista Erika Ramirez, la compañera Alberta Cariño, hermana de una querida compañera de la UAM, entre otras personas.
Por favor reenvién a sus contactos y atiendan la solicitud urgente del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Briseño.
David Cilia Olmos
Pasado el medio día de hoy, 27 de abril de 2010, fue emboscada la caravana de paz que llevaba víveres a la comunidad autónoma de San Juan Copala, municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca. Según información de organizaciones civiles, el ataque ocurrió en el paraje conocido como La Sabana, ubicada aproximadamente a un kilómetro del municipio autónomo.

Servidores públicos del gobierno de Ulises Ruiz, consultados por Contralínea, afirman que a la zona no entran policías (federales, estatales ni municipales), por su alta conflictividad.

La caravana está conformada por alrededor de 40 defensores de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas, entre ellos dos reporteros de este semanario: Érika Ramírez y David Cilia.

Hasta el momento se desconoce el número de víctimas –por la incomunicación de la zona–, pero se asegura que hay muertos y heridos. Contralínea lamenta esta agresión y manifiesta su preocupación por la seguridad de sus dos periodistas.

La comunidad autónoma de San Juan Copala, conformada por más de 700 habitantes, enfrenta un cerco paramilitar derivado de la disputa entre organizaciones como la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (de filiación priista), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (impulsor del municipio autónomo).

ACCION URGENTE

· Sufre emboscada la caravana que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, Oaxaca. hay muertos y heridos.

El día de hoy 27 de abril de 2010 salió de Huajuapan de León la Caravana de Observadores Internacionales de Derechos Humanos venidos de Europa:(Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania) acompañados de integrantes del colectivo VOCAL; integrantes de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos,(CACTUS), de la Red de Radios y comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, Maestros/as de la Sección 22 y algunos concejales de la APPO. Se trasladaban en 3 camionetas para dar cobertura a los maestros que regresan a impartir clases en este municipio. Además fueron a documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Triquis.

Según información preliminar sufrieron emboscada en el lugar denominado “La Sabana” un pueblo antes de llegar a San Juan Cópala. De acuerdo al informante hay muertos y heridos de gravedad pero se desconoce la cantidad y los nombres de los defensores victimas de este atentado.

Ante estos hechos violación EXIGIMOS.

AL GOBIERNO FEDERAL:

1. Garantizar la integridad física de todos los participantes en la caravana y la salida y atención de los heridos, que aún se encuentran en el lugar de a emboscada.

DENUNCIAMOS:

Ø Al Gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de derechos humanos que iban en la caravana de observación de derechos humanos a la Agencia de San Juan Cópala.

Ø A las instituciones estatales de Procuración de Justicia por su negligencia en la aplicación de la justicia ante los hechos violentos que vive la comunidad indígena Triqui.

SOLICITAMOS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES, DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Enviar cartas a:

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

Residencia oficial de los pinos, casa miguel aleman, col san miguel chapultepc
C.P. 11850,
México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 527 72 376.
E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Secretario General de Gobernación.Lic. Fernando Gomez Mont.
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14.
Email:
secretario@segob.gob.mx

Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza

Procurador General de la República,

Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx

 Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Dr. Raúl Plascencia Villanueva.

Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán,
Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB,
Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030,
Tel: (55) 51-28-00 Ext: 11863, Email:
mmontesdeoca@segob.gob.mx
 Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.
Enviar copias:
barcadh09@gmail.com
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño",
A.C.Mariano Azuela 203, Col. José Vasconcelos, Oaxaca,México

ACCION URGENTE

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. A 27 de abril de 2010.


A los medios de comunicación

A los pueblos de México

A los pueblos del mundo

A los pueblos de Oaxaca

Agresión armada a la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

CONTEXTO:

Desde el día de ayer previamente se anunció ante los medios de comunicación la realización de esta caravana con rumbo a la región triqui, dentro de nuestro estado de Oaxaca. En esta caravana participan compañeros integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Sección 22 del magisterio, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), CACTUS, integrantes del MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui- Independiente), así como compañeros observadores internacionales.

Como ya había sido anunciado, la caravana partió el día de hoy 27 de abril del 2010, aproximadamente a las 11:00 am desde la Ciudad de Huajuapan de León, Oax. Con el fin de romper el cerco en el que se encuentra esta Comunidad Autónoma Triqui como consecuencia de la represión estatal y paramilitar contra el proceso de autonomía que se esta construyendo dentro de esa comunidad. Las violentas agresiones paramilitares se han presentado en diferentes momentos del proceso autónomo de San Juan Copala y han sido encabezadas por la organización paramilitar denominada UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) que actualmente es presidida por Rufino Juárez Hernández y el MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui).

Previamente a la salida de la caravana, el presidente autónomo de San Juan Copala, Jesús Martínez Flores responsabilizó de cualquier agresión a Evencio Nicolás Martínez Procurador General de Justicia, Jorge Franco Vargas ”el chuky” Secretario de Gobierno del Estado y Carlos Martínez candidato para la diputación local por el PRI. Así mismo exigieron que la UBISORT y el MULT actuaran con responsabilidad y seriedad con la mesa de PAZ para el pueblo Triqui.

HECHOS:

Aproximadamente a 100 Km. antes de llegar a la Sabana, el camino estaba bloqueado con piedras, y ahí es donde empezó la agresión cobarde con armas de fuego, por parte de alrededor de 15 paramilitares al servicio de gobierno del asesino Ulises Ruiz Ortiz, (se desconoce el calibre), dejando los vehículos destrozados, hiriendo a una compañera, y se reportan dos personas muertas.

Durante el ataque escaparon algunos compañeros internándose en el monte, de los cuales se desconoce su paradero, nos preocupa que hayan sido capturados por los paramilitares. Los compañeros que hasta el momento se encuentran desaparecidos son NOE BAUTISTA JIMENEZ, DAVID VENEGAS REYES y DANIEL ARELLANO CHAVEZ, todos integrantes de VOCAL.

Lamentablemente, conforme la información es actualizada sabemos dos compañeros perdieron la vida en esta agresión paramilitar, ellos son: BEATRÌZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO integrante de CACTUS y TYRI ANTERO JAAKKOLA, compañero observador internacional originario de Finlandia. Ambos murieron producto de disparos de arma de fuego.

En los hechos, la compañera MONICA CITLALI SANTIAGO ORTIZ, resultó herida en la espalda producto de un disparo de arma de fuego y fue atendida por médicos en Juxtlahuaca.

A los que permanecieron en lugar de los disparos, los bajaron de los vehículos y los llevaron monte abajo para interrogarlos, algunos fueron amenazados de muerte y después fueron soltados sobre la carretera. El compañero RUBÈN VALENCIA NUÑEZ, integrante de VOCAL, fue detenido por los paramilitares quienes le quitaron su credencial de elector, su celular y fue amenazado de muerte, luego lo soltaron.

Al lugar de los hechos acudió una ambulancia para atender a los heridos, pero también fue cobardemente baleada por los paramilitares, por lo que salió del lugar. En el momento de su retirada encontraron a una compañera herida a quien atendieron y a quien le confirmaron la muerte de los compañeros antes mencionados.

Debido a la confusión e incertidumbre ante los hechos, se desconoce el paradero de compañeros antes mencionados, así como las condiciones físicas y psicológicas en las que se encuentran.

DENUNCIAMOS ENÉRGICAMENTE:

Que esta agresión armada es producto de las condiciones de violencia institucional e impunidad de la que gozan los grupos paramilitares en esta región de nuestro Estado. Violencia institucional dirigida a las diferentes expresiones de la lucha social en Oaxaca y específicamente contra la construcción de procesos autónomos.

Esta agresión se da en el contexto de las circunstancias de aislamiento y estado de sitio que se vive en el municipio de San Juan Copala, donde desde el mes de enero los niños se encuentran sin clases, además de que en la comunidad se encuentran sin luz eléctrica, sin agua potable, sin médicos y se vive un permanente acoso paramilitar debido a un reten que se encuentra en el lugar.

EXIGIMOS:

Al gobierno del asesino Ulises Ruiz, el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región triqui. Así como el cese al financiamiento, armamento e impunidad de la que gozan estos grupos paramilitares en nuestro Estado.

La presentación inmediata de nuestros compañeros desaparecidos.

HACEMOS UN LLAMADO:

Al pueblo de Oaxaca, de México, a la comunidad internacional y las diferentes organizaciones sociales, colectivos y grupos, a hacer visible su solidaridad y apoyo para exigir la presentación con vida de nuestros hermanos desaparecidos y el castigo a los responsables. También, los llamamos fraternalmente, a exigir un alto a las condiciones de violencia en contra del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

! Presentación con vida de los compañeros desaparecidos!

¡Castigo para los asesinos de nuestros compañeros!

! Alto a la agresión al municipio autónomo de San Juan Copala!

! Retiro del bloqueo paramilitar en el que se encuentra esta comunidad autónoma triqui!

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía

y Libertad

(VOCAL)

27 abr 2010

URGENTE: ACCION SOLIDARIA: URGENTE



Solicitamos multiplicar información a contactos nacionales e internacionales.
Cecilia Zeledón
 
From: nodo.derechos.humanos@gmail.com
 

URGENTE: Caravana de solidaridad que iba rumbo al Municipio Autónomo de San Juan Copala en la Región Triqui de Oaxaca, integrada por observadores internacionales, integrantes de CACTUS, VOCAL, de la Sección 22 del SNTE y de la APPO,  fue balaceada en la comunidad de La Sabana controlada por la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui  (UBISORT).  Esta organización está impidiendo el rescate de los heridos.  Reportes indican que hay al menos 15 heridos, se desconoce si hay muertos y se reporta que Alberta Cariño (Bety), directora de CACTUS, se encuentra desaparecida.  Tememos que esta acción constituya una provocación que pueda utilizarse para justificar la militarización de la región Triqui.

Acción solicitada

Llamar al Gobierno de Oaxaca exigiendo que establezca las condiciones necesarias para el rescate de los heridos a través de la Polícía Estatal y los equipos de rescate y atención médica 

 

Gobernador del Estado de Oaxaca

Ulises Ruiz Ortiz

Tel. 5015000 ext. 13005 

Fax. 5015000 ext. 13018

 Nodo de Derechos Humanos

www.nodho.org


Incumple Ley sentencia de CoIDH sobre reforma a CJM

Aprueba Senado Ley de Seguridad Nacional y no toca fuero militar

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 27 abr 10 (CIMAC).- La Cámara de Senadores aprobó con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que establece las reglas con las que los elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Área pueden participar en auxilio de las autoridades civiles, pero no toca el fuero militar.

En entrevista con Cimacnoticias, Alfonso García Castilla, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que el proyecto de decreto de las Comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos segunda, fue “ambiguo” en el tema del fuero militar.

El artículo 72 de la Ley de Seguridad Nacional señala que “las conductas que sus miembros realicen (de las Fuerzas Armadas) y pudieren ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

TRIBUNALES COMPETENTES

A decir de García Castilla esta disposición no establece nada claro, por el contrario, deja abierta la posibilidad de que sean los tribunales militares quienes juzguen violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por elementos castrenses, debido a que el artículo 13 constitucional expresa que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar.

En este mismo artículo 72 se menciona que las “fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, con lo cual se legaliza la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.

A su vez, Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia explicó a Cimacnoticias que esta ley no cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco.

Sentencia que de forma clara mandata al Estado mexicano a compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) con los estándares internacionales en la materia. Además recordó que en marzo pasado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recomendó a México reformar este mismo Código.

De acuerdo con Cortez Morales, la Ley de Seguridad Nacional plantea un marco jurídico para la presencia de militares en actividades de seguridad pública pero no señala con claridad en que momento saldrán los cuerpos castrenses de dichas actividades, ni reforma el fuero militar.

NUEVA INICIATIVA

En tanto en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

Esto debido a que señaló que “es necesaria la limitación de la extensión del fuero únicamente para aquellos delitos que tienen exacta conexión con la disciplina militar y excluir los delitos del fuero común como el homicidio, lesiones, violación y abuso de autoridad, garantizando el acceso a la justicia de víctimas y procesados”.

En un comunicado de prensa Encinas Rodríguez dijo que debe prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, estableciendo el requisito de declinación de competencia previo al conocimiento del Ministerio Público o Juzgado Militar.

Alberta Alcántara y Teresa González, a cuatro años de reclusión

Piden indígenas otomíes a SCJN tomar en cuenta sus pruebas de inocencia

Gustavo González López/enviado

San José El Alto, Qro. 27 abr 10 (CIMAC).- A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta la inocencia o culpabilidad en el caso de las indígenas otomíes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestro, ellas mantienen la esperanza de que se haga justicia y se reconozca su inocencia.

En el penal donde están recluidas desde hace casi cuatro años, al ver su menuda figura y la pulcritud de su vestimenta, es inevitable pensar en el desaseo del proceso y las acusaciones que mantiene en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por el “secuestro” de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El proceso plasmado de irregularidades se inició a raíz del operativo del 26 de marzo de 2006, cuando se llevó a cabo un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlan, del municipio de Amealco de Bonfil.

En marzo pasado, Alberta y Teresa fueron sentenciadas por segunda ocasión a 21 años de cárcel y a pagar una multa de 91 mil pesos más 70 mil por concepto de “reparación del daño” de los presuntos “secuestrados”.

Por ello, la SCJN atrajo de oficio, el recurso de apelación contra la sentencia emitida para las indígenas otomíes, y la revisión de la sentencia quedó a cargo de la ministra, Olga Sánchez Cordero.

Aunque diversas organizaciones No gubernamentales nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, han demandado justicia para Alberta y Teresa, ellas han comprobado que “nadie les hace caso porque son pobres y débiles".

“Hemos visto aquí, dice Teresa, que una persona que cae y tiene dinero, no termina ni siquiera el proceso y se va. Todas las que estamos aquí, que no tenemos dinero, nadie nos hace caso”.

Nosotras “hemos pedido ayuda en todas partes, y mientras no vea mi libertad sigo pensando que la justicia aquí no existe en México”.

EN LA PGR NOS DIJERON QUE NINGUNA INDÍGENA PODÍA CON ELLOS

Alberta añade que “siento que somos utilizadas”. Nomás como que mucha gente dice “vamos a verlas. Vamos a ayudarlas” pero nosotras no hemos visto nada. Estamos en lo mismo. No han resuelto nada. Nuestros expedientes siguen iguales.

Cuándo estábamos en la PGR, nos dijeron que ninguna indígena, podía contra ellos. Que ellos estaban para ganar y no para perder y nos amenazaron con traer a más de nuestra familia si ellos seguían protestando por nosotras, recuerda Alberta, y remata “no importa, nosotros vamos a traer todo el pueblo si es necesario”.

Teresa comenta que aunque han recibido apoyo total del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y de Amnistía Internacional, “mientras no esté libre, ya no se que pensar”.

Para mí fue muy difícil estar embarazada en este lugar. A mis ocho meses de embarazo me dieron la noticia de mi sentencia de 20 años. En ese momento se me vino el mundo encima y me dije “yo no quiero que mi hija nazca aquí”.

Yo tenía la idea de que iba a salir. “Tenía la esperanza de aliviarme allá afuera y cuál va siendo mi sorpresa de que no. Que me alivio aquí: pasa un año. Y mi niña ya tiene un año dos meses y sigo estando en este lugar”.

“Yo ya no me quiero aguantar. Últimamente ya me desesperé más, Yo ya me quiero ir porque ya no quiero que mi niña siga creciendo aquí y no quiero que se vuelva a repetir una situación igual a la que viví con mi esposo en esta última visita, de la da tristeza que tiene de dejarnos aquí y él ya quiere convivir más con su hija”.

Ni la SCJN ni los agentes que nos metieron aquí “se preguntan si nuestra familia tiene o no para comer. Y ésa es la tristeza que más nos da a nosotras porque cuando les hablamos y les preguntamos ¿qué están comiendo? “tortilla con sal” porque no tenemos nada que comer y no tenemos dinero, nos dicen.

Nadie se pregunta eso, dice Teresa, en que nos estaban perjudicando a nosotras y a nuestra familia, y ahora quiero pedirle a la Suprema Corte ahora que tiene en sus manos nuestro expediente, que tomen en cuenta nuestras pruebas y no como el juez que nos negó muchas pruebas”.

Hasta ahorita, dijo, no se han tomado en cuenta nuestras pruebas porque también, está una prueba de conciliación o no sé, donde ellos se comprometían a no tomar represalias contra el pueblo de Santiago Mexquititlán por ser indígena. Y no lo están cumpliendo. ¿Qué hicieron con nosotras? Nos trajeron aquí.

Si alguna lección existiera de esto para Teresa dice que ha aprendido a “valorar más a mi familia, a que lo que yo pasé de niña, no lo pase mi hija y como le digo a mi esposo que ojala y Dios me permita salir pronto de aquí y que los dos le echemos ganas a trabajar para poderle dar estudios a ella y que de grande, ella decida qué es lo que quiera ser”.

Zona de Reflexión

Cero impunidad

Por Lucía Lagunes Huerta*

México, DF 27 Abr 10 (CIMAC).- Lo que a todas luces era ridículo, por fin parece que puede tener lógica. La Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, en el caso de las ciudadanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Razón por la cual la Suprema Corte pedirá su liberación.

El proyecto de sentencia que elaboró la ministra Olga Sánchez Cordero, deja al descubierto el tamaño de corrupción y sexismo con el cual se maneja la máxima autoridad para investigar y perseguir los delitos federales y proteger a la ciudadanía, sin duda esta liberación tendría que ser el principio de una campaña que se llame “Cero Impunidad”.

La PGR hoy comandada por un político cuestionado por falta de profesionalismo e incapacidad para la investigación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, muestra nuevamente el sexismo con el que actúan.

¿Qué investiga la PGR, dónde pone el acento cuando se trata de justicia, qué quería demostrar al inculpar a Alberta, Teresa y Jacinta, ya liberada, de secuestrar a policías de investigación, qué mensaje quiere dejar en la sociedad y especialmente en las ciudadanas?.

Desde su detención hace cuatro años, el sentido común y la narración de los hechos demostraban que en este caso no había delito que perseguir, que nuevamente ante la protesta ciudadana, el autoritarismo se imponía.

Jacinta fue liberada después de tres años y un mes de prisión por un delito que nunca existió, hoy pareciera que Alberta y Teresa pudieran lograr la libertad después de cuatro años de prisión.

Se podría pensar que con su liberación ya se logró hacer justicia, pero no, falta todavía la reparación del daño para la víctima. Tres años para Jacinta y cuatro para Alberta y Teresa, falta la sanción para las autoridades que fabricaron el delito e incluso pruebas.

Falta revisar cómo el Juez cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi sentencia a 21 años de prisión a tres mujeres basándose en mentiras. ¿Con quién estaba quedando bien, a quién estaba protegiendo el juez? Esto es lo que aún le queda pendiente a la justicia.

La fabricación de pruebas muestra la corrupción con la cual actúa la PGR, por ser mujeres e indígenas quedó claro el sexismo y discriminación con la que se actuó, son mujeres y son indígenas ¿que más daba, quién las iba a defender, a quiénes les iba a importar? Habrán calculado que no habría más que algunos gritos sin efecto.

Lo que no calcularon es que del otro lado, del lado de la ciudadanía se ha robustecido la indignación del abuso, se ha profesionalizado para la defensa ante el autoritarismo.

Aun cuando no del todo se gana, la esperanza interna quedaba en la Suprema Corte de Justicia. El proyecto de sentencia será discutido el día de mañana, si nada cambia, además de la liberación de las dos indígenas presas injustamente, debe incluirse la reparación del daño, la investigación sobre las autoridades involucradas en la fabricación de pruebas y en el enjuiciamiento.

Brindar un castigo a la corrupción y la prepotencia, demostrar que quien se colude contra los derechos humanos de la ciudadanía, es juzgado y sancionado, desalentará la tentación permanente de hacer de las instancias de procuración y aplicación de justicia espacios de discrecionalidad y autoritarismo a favor de los poderosos.

En el caso de Alberta y Teresa, también se dejará claro que ninguna discriminación se tolerará, y que cuando la haya, también será sancionada, como lo marca la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

* Periodista mexicana, directora general de CIMAC

Piden cese de agresiones de militares a civiles

El presidente del Congreso de Morelos, Jorge Arizmendi, expuso que los operativos militares deben respetar los derechos de los civiles, porque ha habido varios atropellos

José Gerardo Mejía
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO Martes 27 de abril de 2010


Excesos de militares Gómez Mont asegura que las agresiones se originan porque en las fuerzas armadas hay una “cultura diferente" (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )
El Congreso de Morelos exigió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, que cesen las agresiones contra civiles por parte de militares durante los operativos que realizan para enfrentar al crimen organizado.

"Los operativos militares deben respetar los derechos de los civiles, porque ha habido varios atropellos y no queremos que sea permanente", explicó el presidente del Congreso de Morelos Jorge Arizmendi, entrevistado luego de la reunión privada.

Arizmendi afirmó que han tenido reportes por excesos de militares que se exceden en sus tareas contra la ciudadanía, por lo que aseguró que Gómez Mont comentó que ese problema "se origina porque en las fuerzas armadas hay una cultura diferente", por lo que disminuirán las denuncias.

"Él nos habló de nueva cultura tanto del Ejército como de la Armada sobre los derechos humanos que ha avanzado, que cada vez se verán menos los atropellos en contra de los civiles, pero nos pide que entendamos porque ellos están acostumbrados a una cultura diferente.

"Gómez Mont se comprometió a atender nuestras peticiones en el sentido respetar los derechos humanos", destacó Arizmendi, presidente del Congreso local, quien recalcó que han ocurrido agresiones contra familias que "sacan" de sus casas por la fuerza en distintos puntos de esa entidad.

Arizmendi subrayó que es la primera ocasión que legisladores de un estado presentan por escrito sus demandas en torno a la seguridad ante la Segob, lo que muestra una exigencia más allá de tintes partidistas.

El legislador explicó que otros puntos que entregaron por escrito fue la petición de recursos para adquirir armamento de mayor calibre y que se mantenga la presencia de las fuerzas federales.

"Pedimos recursos extraordinarios para combatir al crimen organizado, porque los policías estatales y municipales no pueden hacerle frente a los narcotraficantes con el armamento que tienen.

"También deben permanecer en el estado las fuerzas federales, ese es un tema fundamental, además del asunto de recursos para fortalecer programas sociales, para que los jóvenes no se incorporen a las filas del narco", apuntó.

El priista Arizmendi enfatizó que el Ejército debe permanecer en la entidad hasta que regrese el clima de seguridad en todos los municipios, "y tengo la certeza de que hubo atención por parte de Gómez Mont, por lo que esperamos una respuesta positiva".

La reunión entre Gómez Mont y legisladores de Morelos se extendió un par de horas, ya que luego de un planteamiento general presentado por Arizmendi, hubo una sesión de preguntas y respuestas en la que participaron diputados de todas las fuerzas políticas.

elc /fml