7 abr 2009

Piden a Ombudsman defender derechos humanos de las mujeres

En entidades donde se prohibió constitucionalmente la ILE

De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- Organizaciones civiles del país instaron a los Ombudsman estatales de Sonora, Jalisco, Colima y Puebla presenten acciones de inconstitucionalidad para defender y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, pues en esas entidades se han promovido reformas constitucionales mediante los cuales se pretende dar marcha atrás a los avances en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La solicitud tiene fundamento pues desde el 2006 el Congreso de la Unión le dio facultades a los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los estados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pudieran interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que afecten los derechos humanos.

Dicha petición, dada a conocer a través de un comunicado, está firmada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Salud Integral para la Mujer; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Propuesta Cívica; Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, y Red Democracia y Sexualidad Puebla.

Los estados que han realizado modificaciones constitucionales en este sentido son: Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Colima y Puebla quienes a partir del año 2008, con apoyo de legisladores principalmente pertenecientes a las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han realizado estos cambios.

Resulta preocupante que, aunado a lo anterior, se han emprendido una serie de proyectos de iniciativas en el mismo sentido en otros tantos estados, a saber: Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Veracruz, dicen las OSC.

La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la despenalización del aborto en la Ciudad de México fue un hecho relevante en la historia constitucional de nuestro país, dado que reconoce los derechos fundamentales de las mujeres, lo cual abre la posibilidad de que se realicen reformas a las leyes en las entidades para garantizar el acceso al aborto legal y seguro, señala el comunicado.

Este fallo fue sumamente importante porque, pese a las fuerzas conservadoras y contrarias a derechos, la SCJN resolvió siguiendo los fundamentos constitucionales del Estado mexicano, laico y democrático, recuerdan.

Por tanto, “atendiendo a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, seguridad y, por ende, el derecho de elección de las mujeres: exigimos a las y los miembros de los distintos Congresos estatales que pretenden legislar sobre el tema de la definición constitucional del derecho a la vida, así como de salud sexual y reproductiva, garanticen en todo momento los derechos humanos de las mujeres y las recomendaciones e instrumentos internacionales de derechos humanos”.

En este sentido, reconocen las OSC la labor que ha emprendido el Ombudsman del estado de Baja California al interponer la acción de inconstitucionalidad 11/2009 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la reforma constitucional de su estado que confiere derechos jurídicos al embrión.

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Derechos sexuales, una amenaza para conservadores
Avanza campaña para impedir ILE en el país: CDHDF

De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, declaró que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal antes de las 12 semanas de gestación, se ha iniciado una campaña contra el avance de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres en el país.

Durante la presentación del libro Despenalización del aborto en la ciudad de México. Argumentos para la reflexión, coordinado por Lourdes Enríquez y Claudia de Anda, el Ombudsman capitalino, explicó que en Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora, Colima y Morelos se iniciaron procesos legislativos para impedir la ILE.

“Hay sectores de la sociedad para quienes la agenda de derechos significa una amenaza, por tener una visión machista. La ven como la pérdida de valores, pero lo que hacemos es transformar un término de relación profundamente autoritario y desigual, fundado en el reconocimiento de los derechos”, aseguró.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llamó a reconocer la autonomía y libertad de las mujeres a decidir y entender la evolución de los derechos sexuales y reproductivos.

En presencia de la Directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marisa Belausteguigoitia Rius; la Directora General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, Paulette Dieterlen; la Directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), María Luisa Sánchez Fuentes; y la Directora del IPAS México, Raffaella Schiavon Ermani; apuntó:

“Hay sectores que siguen pensando que el fin de la sexualidad es la reproducción y eso lo asocian a la estructuras morales, por eso se sienten amenazados”.

Destacó que a la vanguardia de los derechos humanos está el movimiento de las mujeres porque se apropiaron de códigos e instrumentos internacionales, lo que obligó a una agenda por sus derechos, desde el ámbito internacional, regional y nacional.

Álvarez Icaza Longoria subrayó que el libro editado por el PUEG reúne la mayoría de las ponencias a favor de la ILE ante la SCJN y expone la apuesta de la civilidad democrática.

CRITICA DOBLE MORAL DE MÉDICOS

“El proceso de la ILE refleja lo que ha vivido la Ciudad de México en materia de derechos humanos, por ejemplo, en el 1968, 1971 y 1985. Significa pasar de testigos a actores, de un lugar de ocurrencia de los hechos a constructor de derechos”, subrayó.

Asimismo criticó a médicos que aluden a la objeción de conciencia para no practicar la ILE a mujeres que lo solicitan. “Hay médicos que en lo público apelan a la objeción de conciencia, pero en privado cobran. No puede ser que de 9:00 a 15:00 horas haya objeción de conciencia y de 17:00 a 21:00 horas tengan otra actitud en su consulta privada”, sentenció.

El Defensor del pueblo relató que para el Consejo de la CDHDF las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en 2007 eran armónicas con nuestra Carta Magna, motivo por el cual no se interpuso la acción de inconstitucionalidad.

Explicó que en un Estado laico las y los servidores públicos no pueden poner por delante sus valores morales, éticos y religiosos. La obligación del Estado, enfatizó, es generar las condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos.

“En la actualidad existen diferencias estructurales que impiden el pleno ejercicio de los derechos. Por una condición, características o atributo hay personas que ejercen sus derechos en situación de desventaja o discriminación”, indicó.

El Presidente de la CDHDF señaló que Naciones Unidas realizó un estudio sobre el Índice de Desarrollo Humano Municipal donde se reveló que no hay un solo municipio en el país donde las mujeres tengan un mejor índice de desarrollo que los hombres. Hay municipios donde se encontró que el índice de los hombres es 3 veces superior.
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Al retrasar la publicación de la NOM-046
Segob obstaculiza interrupción del embarazo en caso de violación



De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- La Secretaría de Gobernación (Segob) obstaculiza la interrupción del embarazo en casos de violaciones sexuales, ya que ha pasado más de un mes desde que el Comité Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó el proyecto definitivo de la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”.

Así lo afirmó la perredista Maricela Contreras Julián, quien explica que esta Norma Oficial es la que obliga a las instituciones de salud a prestar este tipo de servicios.

La legisladora señaló que “Gobernación lo único que debe hacer es publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y se pueda garantizar a las mujeres que requieren este tipo de servicios el respeto a sus derechos”.

Quien preside la Comisión de Equidad y Género mencionó que el retraso de la publicación de la Norma no es nada alentador pues, “siempre han existido signos en el gobierno de Calderón de menospreciar los derechos de las mujeres y asumen posturas misóginas y discriminatorias cuando se trata de normas que las protegen; no vaya a resultar que después de la batalla que hemos dado para que se apruebe esta Norma, la derecha en el poder pretenda echarla para atrás por sus visiones moralistas”.

La integrante del Sol Azteca en la Cámara de Diputados dio a conocer un oficio dirigido al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, mediante el cual le pide la inmediata publicación de la Norma y un informe sobre las razones a las que se debe el retraso de su publicación.

La NOM-046-SSA2-2005 obligaría a todas las instituciones de salud a prestar servicios de aborto en casos de violación, además de prescribir la pastilla de anticoncepción de emergencia y contar con médicos no objetores de conciencia para que presten el servicio.
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Juicios morales en servicios de salud influyen en su atención
Discurso sobre el aborto pone en riesgo vida de las mujeres


De la redacción

México DF, 6 abril 09 (CIMAC).- El discurso social sobre el aborto y el papel de la mujer en la reproducción no sólo condiciona la interrupción del embarazo, sino también pone en riesgo su salud y su vida por el retraso en la atención, lo cual es influenciado por las presiones morales que, a su vez, limitan la movilización y recepción de apoyo por parte de redes de ayuda.

Así lo afirmó Joaquina Erviti Erice, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al hablar de los resultados de su investigación “Significados de la reproducción y el aborto en hombres”.

“Las expectativas sociales en torno a las circunstancias en las que debe ocurrir la maternidad responsabilizan a las mujeres de los cuidados y del resultado del embarazo, y si ocurre un aborto, puede ser sospechosa de no haber tenido cuidados adecuados”, precisó la investigadora.
En este estudio, se encontró que las evaluaciones y juicios morales que hacen los profesionales de las mujeres que acuden a atenderse un aborto en los servicios de salud, establecen diferencias --por edad, estatus social, género y etnia-- e influyen en el tratamiento y la disposición para atender el caso, refirió la socióloga.
Entonces, apuntó, podría decirse que la reproducción humana es un área clave donde se manifiestan las relaciones desiguales entre géneros y donde se expresan, con nitidez, determinadas formas de dominación, recalcó.
Los discursos médicos, sociales y políticos dejan en manos de ellas la carga de los embarazos no deseados o no planeados, y de tener hijas e hijos aún cuando sus condiciones económicas, sociales, familiares y personales no lo permiten. Las madres pobres con mucha descendencia son calificadas de irresponsables, citó.
La autora del artículo “Aborto y apoyo social en México. Un estudio con mujeres atendidas en hospitales públicos y privados de Morelos”, indicó que el papel de los varones en la fecundación y en un proceso de aborto está fijado por elementos como la identidad genérica y la pertenencia a un grupo social y cultural.
Esos contenidos dan sentido a sus acciones, moldean su construcción como sujetos sociales y sexuales y tienen consecuencias para su salud y su vida, así como también para sus vínculos interpersonales y sus experiencias reproductivas.
Si bien es cierto que existe cierta responsabilidad de los hombres en las relaciones sexuales, esta situación se presenta en forma desigual, según la pertenencia a grupos sociales y culturales.
Basada en su investigación, la académica universitaria detalló que los varones situados en posiciones clave en instituciones de control social, juegan un papel central en la reproducción de nociones específicas acerca de la sexualidad, la paternidad y la maternidad, que luego son proyectadas como universalmente válidas hacia otros grupos.
Esto facilita el ocultamiento de los desequilibrios y estructuras de poder al interior de la pareja, la familia, la clase social y las instituciones, entre otras, puntualizó.
Entonces, es necesario cuestionar las responsabilidades, las elecciones y las decisiones reproductivas, y reconocer las implicaciones políticas y prácticas de ellas. Asimismo, resaltar que la división social y genérica de las obligaciones masculinas y femeninas, particularmente las referidas a la prevención de embarazos no deseados, reflejan las dinámicas de género que prevalecen, concluyó.

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