INTIMIDACION Y FRAGILIDAD
arturo rodríguez garcía
Saltillo, Coah., 19 de marzo (apro).-
En la pared se conservan las manchas de dos manos que alguna vez intentaron sostenerse y dejaron un rastro de sangre. De acuerdo con los peritajes, las huellas corresponden a Lupita, una de las 14 mujeres violadas presuntamente por militares en la zona de tolerancia del municipio de Castaños.
La violación que sufrió Lupita por parte de cuatro soldados le provocó una intensa hemorragia vaginal, por lo que otros dos de sus agresores eligieron la vía anal para ultrajarla. Cuando terminaron el tumultuario ataque, los agresores le advirtieron que no presentara ninguna denuncia, porque si lo hacía la matarían, al igual que a su familia.Ante el temor, Lupita se tardó un mes en presentar la denuncia y, cuando lo hizo, familiares del sargento Juan José Gaytán –a quien las víctimas identifican como “el líder” que ordenó los ataques— para ofrecerle 20 mil pesos porque se retractara y retirara la denuncia.
Ante la negativa, la propuesta se convirtió en amenazas que no han logrado quebrantarla, pese a temer por el bienestar de sus tres hijas.Las amenazas e intimidaciones contra las 14 víctimas y los actores que las respaldaron después de la violación, la noche del 11 de julio de 2006 por presuntos miembros de un pelotón del 69 Batallón de Caballería del Ejército Mexicano.
El 11 de marzo pasado, en su homilía dominical en la catedral de Saltillo, el obispo Raúl Vera López, denunció que el viernes por la noche, un vehículo lo persiguió en la carretera estatal Cuatrociénegas-Monclova, luego de pasar un puesto de inspección militar. El prelado permaneció varias noches en la zona de tolerancia de Castaños luego de los ataques y, en seguimiento del caso, la semana pasada el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” que él encabeza, había realizado trabajo de campo y se entrevistó con la representación jurídica de las víctimas para conocer el avance de los juicios contra los militares.
En la historia de los ataques sexuales cometidos por militares, el caso de Castaños es el primero que se sigue en el fuero común, lo que ha hecho visible un cúmulo de acciones emprendidas desde el medio castrense para amedrentar a quienes se involucran en el caso.La denuncia del obispo Raúl Vera se suma a una serie de llamadas que, al principio del caso, se hicieron a su teléfono celular, todas por la madrugada, en la que le decían “Usted se sacó el premio mayor”. Cuando denunció el hostigamiento, la Procuraduría de Justicia del estado le informó que las llamadas se hicieron desde Oaxaca y Guerrero, los estados de origen de varios soldados acusados de las violaciones, pero no obtuvo más información.
La persecución fue el corolario de diferentes sucesos ocurridos a partir del 2 de marzo, cuando Wendy y Nuria, dos mujeres violadas, se retractaron de sus denuncias y acusaron a la vocera de la Diócesis de Saltillo, Jacqueline Campbell, de haberles pagado 200 pesos por denunciar a los soldados. Primeras consecuenciasA ocho meses de la agresión sexual que sufrieron 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, por presuntos miembros de un pelotón del 69 Batallón de Caballería, los expedientes judiciales están terminando de integrarse: el próximo 20 de marzo, concluirán las audiencias y el 26, se llevará a cabo una reconstrucción de hechos, en el que no participarán las víctimas.
El señalamiento hecho por Wendy ha generado problemas para la Fiscalía, pues junto a Nuria, había participado como testigo en los expedientes de sus compañeras. Su desistimiento y denuncia incluyó a las abogadas del Centro de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Corpovi), un organismo ciudadano que tomó la asesoría y respaldo jurídico y psicológico de las víctimas.Según Wendy, fue la abogada Sandra de Luna, quien le dio 500 pesos por declarar a la prensa sobre el caso; además, señaló a Guadalupe Frayre, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, de haberles dado también 200 pesos y una despensa semanal por hacer las declaraciones.
Y, por si fuera poco, denunciaron a Soledad Jarquín Edgar, reportera de la agencia de noticias Cimac que ha seguido desde un principio el caso y una de las pocas periodistas que ha obtenido entrevistas con las víctimas, de haber pagado la misma cantidad por el mismo concepto.Mimi, Lupita y Mónica, tres afectadas sorprendidas por el desistimiento, recuerdan que Wendy era la más enojada y decidida a ir tras los agresores, en tanto, Nuria, estaba tan afectada que al ver hombres con pelo corto o vestimenta semejante a la militar se ponía a llorar.
Las tres afirman que desde el inicio de los procesos han recibido ofertas económicas y amenazas de las familias de los militares, pero no han aceptado ninguna. Esperanza es más directa y explica todo con una sola frase: “Les llegaron al precio”.“Yo no me voy a echar para atrás, porque lo que nos hicieron lo voy a llevar grabado siempre. Una cosa tan horrenda, tan horrible no se olvida nomás así. Lo que pasó no fue por nuestra voluntad, porque siempre nos estuvieron amenazando encañonando. Yo estoy muy enojada y no puedo perdonar eso, aunque me barajen la lana, no; yo no la necesito, para eso trabajo”, dice Lupita al recordar que la oferta para que otorgara el perdón legal.
“Tengo miedo, pero ya más de lo que me hicieron no pueden hacer. Entre miedo y todo hay que salir adelante. A mí me daría más miedo no decir nada, quedarme en paz, porque las ofendidas somos nosotras”, agrega.Sandra de Luna, abogada del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar A.C. (Coprovi), que representa a las víctimas y coadyuva con los dos fiscales del caso, confía en contar con expedientes sólidos, aun en los casos de retractación porque, dice, son demasiadas las pruebas aportadas y los testimonios.Se refiere a las declaraciones de Wendy y Nuria, quienes en una diligencia el 2 de marzo se desistieron y acusaron a su representante, así como a Jacqueline Campbell, la coordinadora de comunicación de la Diócesis de Saltillo y a la periodista Soledad Jarquín Edgar, de manipularlas y de haberles pagado para declarar que fueron violadas.
La trascendencia de su retractación es porque en la mayoría de los expedientes individuales obran como testigos.Sandra de Luna dice desconocer la motivación del señalamiento, pero refiere que los peritajes médicos vaginales y proctológicos, fueron definitivos: las lesiones son inconfundibles de una relación sexual forzada y se encontró presencia de semen en las víctimas.
El día de la audiencia, el juez Hiradier Huerta cuestionó a Wendy si la habían amagado. La joven dijo que sí, pero que ella aceptó las cuatro relaciones, en un intento por coincidir con los militares que mantienen el dicho de haber pagado. Además, la mujer desconoció la firma en la declaración aportada por la Fiscalía, por lo que se ordenó un peritaje extraordinario.Jacqueline Campbell, una de las acusadas por Wendy y Nuria, interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por calumnia, explica que no se podía permitir que se pusiera en riesgo la veracidad del juicio que se lleva a cabo por las violaciones y ultrajes de las 14 mujeres.
Desde el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Centro de Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Todo los Derechos para Todas y para Todos, entre otros, se hizo un llamamiento a no perder de vista el juicio ni a los personajes que han sido amenazados.
La exigencia del gobierno de Coahuila para que la justicia militar remitiera a los agresores a la justicia local prosperó luego de ciertos escarceos declarativos.El comandante de la Sexta Zona Militar, Rubén Venzor Arellano, y el de la XI Región Militar, Roberto Miranda, fueron removidos de sus puestos; el jueves 17 de agosto, 8 de los 12 militares que fueron señalados como responsables de las violaciones, ingresaron al Centro de Readaptación Social de Monclova, entre ellos el sargento Juan José Gaytán Santiago, identificado por las víctimas como “el líder” que daba las órdenes para que los soldados efectuaran las violaciones mientras otros los resguardaban.
Los otros detenidos son los soldados Norberto Carlos Francisco Vargas, Ángel Antonio Hernández Niño, Roberto González Estrada, Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández y Rosendo García Jiménez. Los cuatro militares restantes, plenamente identificados, permanecen prófugos.La periodista Sara Lovera, especialista en temas de género y que ha seguido otros caso de violación por militares y policías en el país, asegura que el común denominador es “que (los agresores) siempre tienen solidaridad de género e institucional”, por lo que advierte que las víctimas y las abogadas de Coprovi están en peligro.Recuerda el caso de “las 19 jóvenes del sur” que fueron violadas por un grupo de elite de policías judiciales: durante el proceso hubo hostigamiento a las afectadas, familiares, abogados, políticos y feministas que las apoyaron. A José Luis Rábago, padre de una víctima lo balearon.
Agrega que los casos de soldados violadores siempre han sido juzgados en el fuero militar, “que deja los crímenes impunes”, como sucedió en el caso de las tres indígenas tzeltales violadas en 1994 en Chiapas.“En Castaños, por tenerlos en proceso, va a haber consecuencias y estos desistimientos son apenas consecuencias leves. Si me lo preguntas te puedo decir que ellas necesitan solidaridad y que no basta la voluntad política del gobernador ni los buenos oficios del procurador, porque hasta ellos necesitan solidaridad y acompañamiento.
Se están metiendo con el Ejército y Marta Figueroa ha demostrado en sus trabajos lo que el Ejército hace en las zonas que controla”, advierte. Las afirmaciones de la periodista se han materializado en Monclava, donde el Juzgado Segundo Penal, con sede en el Centro de Readaptación Social, registra una inusitada visita de militares, uniformados y de civil, desde que iniciaron las audiencias.Desde el primer día de diligencias judiciales, una camioneta Hummer del Ejército, idéntico al que trasladó al pelotón que perpetró los ataques en la zona de tolerancia de Castaños, arribó al estacionamiento provocando un revuelo en el Juzgado.
Las víctimas empezaron a llorar y exigir protección, Sandra de Luna y los fiscales pidieron una explicación y seguridad, mientras que los soldados explicaban a través de la abogada defensora de los militares, Aída Guardiola, que no era motivo de alarma, ya que sólo iban a pagar la nómina.La justificación en si misma ha sido motivo de indignación entre las víctimas, que perciben el respaldo del Ejército a sus agresores. El miércoles 7 de marzo, Apro pudo constatar la presencia de un enviado de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, tomando nota de la abogada Guardiola.
Entrevistada por esta agencia, la litigante confirma que los militares han recibido apoyo moral, aunque aclara que no económico. Luego endereza sus señalamientos contra el gobierno estatal, al que acusa de desviar recursos para sobreproteger a las víctimas.La defensora asegura que los detenidos no participaron en las agresiones sexuales; y ya comprobado que sí hubo violación, afirma que dos de ellos sostuvieron relaciones sexuales pero pagaron por eso. Insiste también en que existen vicios en la integración de los expedientes.
“No sé por qué se abocaron con tan denodado esfuerzo (en el gobierno estatal) a atender tan especialmente a las mujeres. Hay niños y niñas que han sido violados y no se les ha prestado la misma atención que se les está prestando a las muchachas. Aquí se están desviando recursos del erario, prestando patrullas para el transporte personal de las chicas desde sus domicilios particulares hasta el lugar de las audiencias, hay agentes del Ministerio Público provenientes de Saltillo, la integración de la averiguación se hizo con gente que vino de Saltillo ex profeso”, denuncia.La litigante refiere que la defensoría de oficio recomendó a los soldados que no declararan en el término constitucional oportuno, por lo que hay pruebas que se desestimaron en el proceso.
“No quiero decir que haya gente inocente, porque faltan órdenes de aprehensión que cumplimentar. Mis clientes estuvieron pero no hicieron lo que se dice que hicieron. Tan es así que uno se encuentra ya libre, por falta de pruebas”, insiste.El batallón de la locuraLos antecedentes del Batallón de Caballería, son muy conocidos en la región. En 1988, luego de una riña en la zona de tolerancia de Cuatrociénegas, un grupo de soldados tomó por asalto el Palacio Municipal y mató a un policía.El 22 de diciembre de 1999, el subteniente de caballería, Ezequiel Balbuena Ortega, asesinó al cantinero Jesús Rodríguez Cendeja “El Gringo”, en la zona de tolerancia de Sabinas, por una cuenta que el militar no quería pagar. Meses después, en un punto de revisión cercano a la presa Venustiano Carranza, un soldado asesinó a un cabo y a un sargento, en el retén.
Los últimos dos casos, fueron juzgados por el juez Hiradier Huerta, que en el aquel tiempo se desempeñaba como titular del juzgado Penal de Sabinas y los responsables se encuentran presos.Los antecedentes habían dado confianza en la fiscalía y la representación de las víctimas, pero al dejar en libertad a Héctor Méndez de la Cruz, uno de los inculpados, motivó que se promoviera un recurso de apelación, pidiendo que se proceda contra el juez.
Sandra de Luna, afirma que el juez Huerta desestimó otros medios de prueba y, al igual que la fiscalía, considera que dio prioridad al dicho del militar sobre el dicho de la víctima, por lo que confía en que se resuelva favorablemente su recurso.El problema que plantea para las víctimas la liberación del soldado Méndez de la Cruz, radica en que los mismos elementos del expediente 224/06 por el que se procesó, corresponden a los de circunstancia, tiempo, modo y lugar que denunciaron las otras ofendidas, por los cuales los otros 8 militares se les dictó el auto de formal prisión.
La defensa de los militares insiste en que además de Méndez de la Cruz, se encontraron los mismos elementos en el caso del soldado Casimiro Ortega Hernández, pero la mala orientación del defensor de oficio, provocó que quedara en la indefensión, ya que se cumplieron términos procesales fatales para la aportación de pruebas.El juez Hiradier Huerta, tomó la decisión de liberarlo, pues el sargento Gaytán Santiago, acusado por seis ataques, y el sargento Narciso Valadez, eran los responsables de los pelotones y niegan que los dos soldados hayan acudido a la zona de tolerancia.
“Como les dije ese día, yo duermo con la conciencia tranquila y he dictado sentencias de 60 años, cuando una persona puede resultar responsable con ese tipo de penas. Yo me fui tranquilo, porque el soporte que existía en el expediente no daba para procesar a una persona. Se valoró lo que estaba en el expediente y la agraviada no se presentó a cuatro audiencias”, justificó el juez.Sandra de Luna ha patentado su desconfianza a la actuación del juez, en tanto, Mónica una de las denunciantes responde sobre la liberación de Méndez:“Lo que más miedo me da es que salgan y nos vuelvan a hacer daño.
No le puedo explicar, necesitaría estar usted en la misma situación que yo para que entienda…
Ellos tienen muchos amigos, con armas y soldados que nos pueden hacer daño, como ya pudieron…”
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