5 abr 2018

Apremia Comité de Derechos Económicos a prevenir violencia contra activistas

Llamó al Estado a asegurar que se cumplan garantías sociales y culturales



El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas manifestó su preocupación ante las limitantes del Estado mexicano para asegurar que se cumplan estas garantías.

Tras la comparecencia de México los días 12 y 13 de marzo, el comité difundió este miércoles una serie de observaciones frente a las condiciones que guardan esos derechos en el país.

Una de sus principales preocupaciones es que las víctimas de violaciones a este tipo de garantías enfrenten dificultades para acceder a recursos judiciales efectivos, incluido el juicio de amparo, por lo que instó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para avalar que sean exigibles en todos los niveles del sistema judicial.

La instancia internacional llamó la atención en torno a los graves actos de violencia cometidos contra defensores de derechos humanos en México, en particular los de económicos, sociales y culturales, y los altos niveles de impunidad por estas agresiones, por lo que exigió a las autoridades de México adoptar medidas para prevenir la violencia contra activistas e investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física, la libertad y demás agresiones en su contra.

Otro de los derechos que no se cumplen en nuestro país, indicó el comité, es el de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, principalmente en lo relativo para obtener su aprobación en el desarrollo de proyectos económicos y de explotación de recursos naturales. En ese sentido, recomendó la necesidad de garantizar ese derecho a estas comunidades y evitar que estos proyectos de desarrollo tengan un impacto negativo para sus derechos.

También mostró su preocupación porque las empresas no estén obligadas a cumplir con los principios de la diligencia debida en materia de derechos humanos, además de los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en México. Agregó que pese a los esfuerzos de las autoridades para promover la igualdad de género, los estereotipos en este sentido continúan profundamente arraigados en la sociedad, lo que dificulta el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las mujeres y limita su presencia en cargos de decisión tanto en la esfera pública como en la privada.

También señaló que el desempleo y el subempleo afecten de manera desproporcionada a jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, migrantes solicitantes de asilo y refugiados, al igual que las dificultades que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado laboral.

Por último, el comité se dijo preocupado porque el salario mínimo es insuficiente para los trabajadores y sus familias, por lo que llamó al Estado a incrementar ese ingreso mediante un mecanismo de indexación adecuado.

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 5 de abril de 2018, p. 14

9 feb 2018

Reporte de la SIDIDH sobre derechos humanos en Mexico




*Sociedad civil presenta informe sobre derecho a la verdad en graves violaciones a derechos humanos; expone "fabricación" de teorías y culpables.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018.- En el marco de la presentación del informe Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, realizado el 9 de febrero en la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas urgieron a establecer mecanismos contra la impunidad que realmente garanticen acceso a justicia y verdad en casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El informe, que retoma el trabajo de las organizaciones en casos como Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la Guerra Sucia, las ejecuciones sumarias, el multihomicidio de la colonia Narvarte o casos de tortura sexual ejercida por militares, encontró que en México el derecho a la verdad se enfrenta a serias dificultades, que la verdad está en disputa, que el Estado tiene responsabilidad en garantizarla y que, sin embargo, ha dificultado deliberadamente el acceso a la misma. En este sentido, la elaboración del informe Derecho a la Verdad en México generó reflexiones que llevaron a la necesidad de contar con mecanismos de acceso a justicia y combate a la impunidad y con instituciones autónomas e independientes.

Las organizaciones participantes del informe -Article 19, Fundar, Tlachinollan, el Centro Prodh, CADHAC, la CMDPDH  y el Programa de Derechos Humanos de la Ibero llamaron a quien resulte ganador de la elección presidencial a priorizar en su agenda la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General de la República sea una institución eficaz, autónoma e independiente, que cuente con una Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos con una mesa dedicada a investigar los delitos del pasado que pertenecen al sistema penal anterior.

Como segundo punto, señalaron que se debe establecer un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad, de acuerdo con la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya misión sería proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sancio?n con miras a revertir la tasa de impunidad imperante en México y supervisar las investigaciones penales de violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción, con el acompañamiento de una amplia base de organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

Las organizaciones que participamos en la elaboración del informe consideraron que la adopción de estos puntos mínimos debe ser un compromiso concreto de la próxima administración, como punto de partida para comenzar a revertir la grave situación de violencia, impunidad y opacidad en México.

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Medios convencionales

La Corte desecha impugnaciones del ombudsman de Jalisco contra Ley de Seguridad Interior/ Proceso Pardo Rebolledo estableció que, si bien los organismos estatales de derechos humanos están legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad, la Carta Magna establece que pueden hacerlo sólo contra leyes expedidas por las legislaturas locales correspondientes.

Fincan desaparición a mandos de Duarte/ Reforma Un total de 19 ex policías, incluidos altos mandos, que laboraron en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, fueron detenidos por la presunta desaparición forzada de al menos 15 personas, entre ellos dos mujeres y un menor.

Por violencia de género, cerca de 40% de las condenas a México en la CIDH/ La Jornada Cerca de 40 por ciento de las sentencias condenatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México han sido por violencia de género, señalaron juristas y académicas durante el foro Acceso a la justicia: sentencias con perspectiva de género.

Sólo una quinta parte del país vive sin apuros; informe de Sedesol sobre pobreza/ Excélsior En el último año de este sexenio, sólo 22.6% de los mexicanos no está clasificado como pobre.

Medios Alternativos

Autorizan hidroeléctrica; Conagua advierte daños en Sierra Norte/ Municipios Puebla A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el proyecto Hidroeléctrico San Antonio que la empresa GESA quiere construir en las aguas de los ríos Zempoala y Ateno, en la Sierra Norte de Puebla, podría secar esos caudales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le otorgó una licencia ambiental.

Sanciona Profepa con 9.8 mdp a empresa minera por operar sin licencia …desde hace 7 años/ Página3 La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó con 9.8 millones de pesos a la minera Don David Gold México, S.A. de C.V. filial de la empresa Gold Resource Corporation (GRC) porque opera en Oaxaca sin Licencia Ambiental Única (LAU) o Licencia de Funcionamiento e incumplir con la normatividad ambiental.

Guillermo Padrés casi la libra: ya se zafó de lavado y fraude al fisco; le queda otro cargo más/ Sin Embargo Un juez federal absolvió a Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, cometidos en 2015 por un monto de 8.8 millones de dólares.

Con paro de labores en prepas y una marcha, exigen que se aclare el caso de Marco Antonio/ Animal Político Con paro de labores en las preparatorias 5, 2 y 8 de la UNAM, y una marcha, estudiantes, además de familiares y amigos de Marco Antonio Sánchez, protestaron este jueves por las anomalías o fallas de las autoridades en el caso del menor que fue detenido por policías de la Ciudad de México, y que luego estuvo desaparecido durante cinco días.\read more


¡Ahí está el detalle!

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es una figura sin precedentes en la estructura del Estado mexicano. Es un cuerpo colegiado ciudadano, integrado por cinco expertos reconocidos por sus aportaciones a la rendición de cuentas, la transparencia o la fiscalización, y su función es proponer el rumbo de la lucha ciudadana e institucional contra la corrupción.

La nueva presidencia del Comité de Participación Ciudadana recaerá en Mariclaire Acosta. El trabajo de Mariclaire apunta a una eminente incorporación de los derechos humanos dentro de la agenda de combate a la corrupción, lo que permitirá dimensionar el daño que la corrupción genera a la sociedad y en qué medida limita o anula el ejercicio de los derechos básicos.

 *Lee el artículo completo en El Financiero
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Imagen del día

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, participó en un acto público de reconocimiento a personas defensoras de derechos humanos, en San Salvador Atenco, Estado de México. El evento fue organizado por el Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero".

*Fotos e información de ONU-DH México

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un ojo al gato transparencia
Presentación del libro "Flores en el desierto"

Cuándo: 12 de febrero a las 18:00 horas

Dónde: Club de Periodistas de México (Filomeno Mata 8, Centro, CDMX)  

Convocatoria para el área de defensa del Cepad

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

Se recibirán documentos únicamente del 02 de febrero de 2018 al 15 de febrero de 2018 hasta las 22 horas de este día.

Para mayores informes, de click aquí


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28 ene 2018

Boletín de Prensa: Exigimos la presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores, víctima de desaparición forzada por parte de la Policía de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Boletín de Prensa: Exigimos la presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores, víctima de desaparición forzada por parte de la Policía de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 28 de enero de 2018

El 23 de enero de 2018 fue detenido de manera arbitraria Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, en las afueras del Metrobús Rosario. De acuerdo con la denuncia realizada por los familiares y de un testigo que fotografió el momento, Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Unidad Hormiga lo detienen de manera arbitraria, golpean y suben a una patrulla, sin embargo, el menor, nunca fue presentado ante el Ministerio Público y hasta la fecha se desconoce su paradero.

En un intento por encubrir está grave violación a los derechos humanos, el Gobierno de la ciudad de México ha hecho circular una foto de Marco Antonio como si estuviera extraviado y utiliza el lenguaje de persona no localizada. La evidencia desmiente rotundamente este intento de ocultar lo que a todas luces sucedió: la detención arbitraria Marco Antonio Sánchez Flores y su posterior desaparición.

La desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores debe ser investigada como una Desaparición Forzada porque cumple con los tres requisitos que establece la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:

  1. Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido (de manera ilegal y arbitraria).
  2. Su detención fue realizada por elementos Policía de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
  3. Gobierno de la Ciudad de México han negado el hecho de la desaparición.

Al cumplirse con estos tres requisitos estamos hablando que el delito cometido contra Marco Antonio no es un secuestro ni un extravío, ni se debe utilizar la palabra como no localizado y mucho menos como levantado, estamos ante una grave violación a los derechos humanos, ante una desaparición forzada y por tanto debe ser investigada como tal.

El Gobierno de la Ciudad de México es el que está obligado a investigar y a sancionar a los responsables. También debemos recordar que el Gobierno de la Ciudad de México nunca creó las instancias especializadas para atender los casos de desaparición forzada a pesar de contar con una ley en la materia.

Le recordamos que las víctimas, las familias y el pueblo en general no tenemos que esperar a los tiempos establecidos por el gobierno federal para "implementar" la Ley General; es obligación de la federación y de los estados garantizar de manera inmediata el acceso a los derechos de Verdad, Justicia, Memoria, Reparación Integral y Medidas de No Repetición.

A los colectivos de familiares, de derechos humanos, organizaciones populares e indígenas que luchan contra la desaparición forzada y por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, de manera respetuosa, les solicitamos solidaridad con la familia, amigos y organizaciones que acompañan la lucha por la presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores.

¡Presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores!
¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales!

¡Vivos los llevaron; Vivos los queremos!

Atentamente
Comité Cerezo México

www.comitecerezo.org

Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis)

"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
Contactos: Coordinación / Educación 

(55) 56559465 / Cel. (55) 10472031



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18 ene 2018

Preocupa a parlamentarios europeos la grave situación de activistas en México

En carta dirigida a Peña, Videgaray y Astudillo hacen mención especial a Guerrero

Expresan alarma por los 106 asesinatos y 81 desapariciones de defensores de derechos en el sexenio


Parlamentarios de la Unión Europea manifestaron su preocupación por la grave situación que enfrentan en México los defensores de derechos humanos, particularmente la crisis que en esta materia se enfrenta en Guerrero.
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, expresan alarma porque en este sexenio se han perpetrado en el país 106 asesinatos y 81 desapariciones de activistas, como documenta el informe La esperanza no se agota, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Firman la misiva 35 parlamentarios de 12 estados miembros de la Unión Europea. Hacen especial mención a la crisis que se enfrenta en Guerrero, particularmente sobre la grave situación de riesgo que viven los familiares de desaparecidos, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por la violencia y las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan.
Asimismo, mostraron preocupación por la falta de garantías que enfrentan para su labor el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones con sede en esa entidad, así como por la falta de canales de participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en el estado.
Al respecto, más de un centenar de organismos nacionales y extranjeros reconocieron el llamado de atención de los representantes europeos, al considerar que envían una importante señal sobre el nivel de urgencia con el que México debería tomar medidas.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la Red TDT, entre otras, informaron que la carta de los parlamentarios es resultado de acciones de incidencia de su parte, las cuales se promovieron antes de los hechos del 7 de enero en la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, que dejaron 11 muertos y más de 30 detenidos.
En este contexto, dichas organizaciones instaron a las autoridades federal y locales a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de garantías fundamentales en Guerrero, así como asegurar la investigación efectiva de las violaciones a los derechos de los activistas en la entidad, incluyendo casos emblemáticos de la situación, como los recientes hechos en Acapulco o la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, hace más de seis años.

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de enero de 2018, p. 13

17 ene 2018

Reporte SIDIDH Actualizando el Estado de los Derechos Humanos

SIDIDH 2.0


*La legislación vulnera facultades de organismos autónomos y reserva de forma automática y atemporal la información, señalan comisionados.

Ciudad de México, 17 de enero de 2018. Debido a que los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI) vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) decidió presentar una acción de inconstitucionalidad contra la legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé que "la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables", el INAI advirtió que los legisladores excedieron sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional; que impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno; y que establece una reserva automática y atemporal de la información, de forma contraria a la Constitución, ya que ésta establece que debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

Sobre el artículo 31 de la LSI, que establece que "en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley", el INAI señaló que esto establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos personales de los titulares; prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica; no garantiza el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior; y existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad
interior, "lo que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI".

El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, advirtió que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, "del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada".

*Puede leer el comunicado completo aquí

Medios convencionales

México, de los países "parcialmente libres" por la corrupción, espionaje y violencia: Freedom House/ Proceso Los escándalos de corrupción que salpicaron a "altos funcionarios" del PRI, los intentos de espionaje gubernamental contra periodistas y activistas, el disparo en el número de asesinatos, y la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior marcaron el año 2017 y colocaron a México en la lista de los países "parcialmente libres", de acuerdo con el informe anual de la organización.

Acusan tortura a ministerial/ Reforma Un policía ministerial de la Fiscalía de Tabasco, preso actualmente por robo de combustibles, fue torturado, al igual que su esposa y sus hijas de 6 y 8 años, por agentes de la Policía Federal, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Celebran expertos de la ONU entrada en vigor de ley contra desapariciones/ La Jornada Expertos independientes en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron la entrada en vigor en México, este martes, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación del daño para miles de víctimas.

Medios Alternativos

En menos de un mes, Chiapas registra 4 casos de feminicidio/ Cimac En Chiapas se han registrado cuatro casos de feminicidio en los primeros 15 días de este 2018 de acuerdo a datos del Colectivo de Mujeres (Colem), quien lleva un registro con base en la información reportada en los medios de comunicación.

¿Qué tragedia sucedió en Nayarit? Son al menos 32 los cuerpos que han sacado de fosa clandestina/ Sin Embargo De acuerdo con medios locales y nacionales, las autoridades en el sitio siguen buscando más restos humanos con apoyo de perros rastreadores, por lo que la cifra podría aumentar.

Suprema Corte destituye a dos alcaldes en Edomex y Puebla por incumplimiento de sentencias/ Animal PolíticoLa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la destitución de los presidentes municipales de los municipios de Coacalco, Estado de México y Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, así como diversos integrantes de sus cabildos. En ambos casos la decisión se debe al incumplimiento de una sentencia de amparo.

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Imagen obtenida del sitio de Paola Rojas

Al priista de Los Pinos le preocupa que los mexicanos que ha gobernado por cinco años se dejen llevar por ese 'enojo' y pasen "a la angustia y a la preocupación". ¿En serio? Quizá Enrique Peña Nieto no ha tenido la oportunidad de leer un periódico en mucho tiempo, ya no digamos 'mucho tiempo', lo que va de 2018.

Son 15 ejemplos de notas de primera plana, sin contar los casi 40 mil ejecutados de cinco años de gobierno; más de 30 mil personas desaparecidas; un 2017 que rompió récord de homicidios; 40 periodistas asesinados durante su gobierno; exgobernadores que abanderó en campaña, presos por empobrecer a sus estados; y un etcétera tan largo, que estos caracteres no son suficientes para seguir enumerando.

Si estas noticias de hechos reales, de la vida diaria de los mexicanos, no es motivo suficiente para el enojo, si no le parece que deberíamos estar angustiados, no sé qué México quiere que veamos.

*Lee el artículo completo en El Financiero  

Ayer, en Mexicali, Baja California, se reprimió a manifestantes que bloqueaban el acceso al Rancho Mena a la maquinaria de la Constructora Corona. Los vecinos y vecinas buscan que no se construya el acueducto de más de 400 millones de pesos pagados con el dinero público para beneficiar a la empresa privada Constellation Brands, fabricante de cerveza, en un entorno de semidesierto, y han denunciado diversas irregularidades.

*Con información y video de Mexicali Resiste.  También se puede hallar mayor información en 4Vientos.

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Maestría en Políticas Públicas y Género de Flacso
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14 ene 2018

Exhortan a estados con alerta de género a que presenten datos verídicos

Nuevo León, Chiapas, Jalisco y Edomex, en la lista



La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las entidades federativas que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género, incluida la feminicida, difundan información general y estadística sobre los casos registrados en su entorno.

El dictamen de la Primera Comisión Permanente –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– impulsado por la diputada perredista Olga Catalán, establece que el exhorto es específico para Nuevo León, estado de México, Chiapas y Jalisco, a que publiquen los datos para integrarlos al Banco Nacional e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Con fundamento en la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, del Inegi, en 2011 en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún incidente agresivo por parte de su pareja; 43 por ciento padeció violencia emocional, 24.5 por ciento de tipo económica, 14 fue física, y 7.3 por ciento recibió violencia sexual.

En la exposición de motivos se indica que tanto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, han advertido que no existe claridad en las cifras que se han dado a conocer, mientras los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.

Roberto Garduño
 Periódico La Jornada

A rajatabla, la protección legislativa para las grandes empresas mineras

Durante 5 años las iniciativas fueron congeladas y desechadas



En los más de cinco años de la actual legislatura en el Senado, un tema tabú fue el de las reformas en materia mineral, ya que la mayoría de las iniciativas presentadas fueron congeladas y luego desechadas.
Fue el caso de la iniciativa elaborada por una docena de organizaciones y movimientos afectados por la gran minería tóxica, que en septiembre de 2013 presentaron los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Layda Sansores, la cual, pese a sus esfuerzos y llamados a que se dictaminara, fue dese-chada en diciembre de 2015.
Hubo una disposición absoluta a no aprobar nada sobre los minas, que ha sido uno de los sectores más protegidos y beneficiados, comentó la senadora Padierna. Recordó que durante las negociaciones de la reforma constitucional energética, en diciembre de 2014, a última hora y con el aval de PRI y PAN modificaron el dictamen, con disposiciones que beneficiaron a los concesionarios mineros, un grupo pequeño de extranjeros y mexicanos.
Recientemente, en diciembre del año pasado, el PRI y la mayoría del PAN impidieron que en la Ley de Biodiversidad se plasmara la prohibición expresa de llevar a cabo proyectos de explotación minera en áreas naturales reservadas, ello pese a la argumentación de la senadora panista Silvia Garza, quien a contracorriente de su bancada, expuso los riesgos de permitir ese tipo de proyectos.
Desde el inicio de esta legislatura, cuando la lucha de los familiares de Pasta de Conchos puso en evidencia la necesidad de instaurar un nuevo marco jurídico a la actividad minera, se presentaron varias iniciativas, que corrieron la misma suerte: la congeladora.
El proyecto más ambicioso fue una nueva ley minera, que los senadores Padierna, Sansores y Encinas presentaron ante el pleno el 19 de septiembre de 2013, y que había sido elaborada por el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, el Movimiento Morelense contra Concesiones Mineras, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y otras más, que han dado una fuerte lucha contra la instalación de mineras tóxicas en sus regiones.
La reforma plantea que la minería deje de ser un actividad preferente sobre cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno, como lo señala la ley actual, se fija como requisito indispensable para cualquier concesión una licencia social, se instaura el derecho de las comunidades indígenas al goce preferencial de su territorio frente a actividades mineras, se anulan las cláusulas de confidencialidad que se usan para ocultar la información económica y fiscal que deben entregar las empresas al Estado y se introduce el cobro de regalías.
La iniciativa pretendía un nuevo marco legal para impedir el saqueo indiscriminado de recursos naturales. Hay estadísticas que muestran que las trasnacionales mineras pagan a México el equivalente a 1.18 por ciento de los recursos que explotan en territorio nacional, pero el gobierno federal no quiere que la situación cambie, recalcó la senadora Padierna.
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de enero de 2018, p. 8

Incluye 28 tratados internacionales la lista de pendientes en el Senado

La delimitación de la plataforma continental, prioridad sexenal
Incluye 28 tratados internacionales la lista de pendientes en el Senado
Pone en riesgo los recursos petroleros, advierten legisladores


Foto
El tratado con Estados Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México es uno de los pendientes que debe intentar solventar el Senado en el último periodo de sesiones de la actual legislatura

En el último periodo de la actual legislatura, el Senado debe ratificar 28 instrumentos internacionales, acuerdos, convenios y tratados referidos a libertad sindical, cooperación con otras naciones para el combate al narcotráfico, reconocimiento de estudios académicos y delimitación de la plataforma continental en el Golfo de México, con Estados Unidos y con Cuba.
Estos dos últimos tratados, son los que más interesan al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En octubre del año pasado, cuando compareció en el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió que se ratificaran a la brevedad, junto con los demás instrumentos internacionales pendientes, pero la oposición impidió que el PRI y sus aliados los aprobaran vía fast track.
De hecho, el tratado con Estados Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México, firmado en Washington el 18 de enero del 2017, fue aprobado en comisiones, pero se frenó su ratificación ante el pleno, ya que legisladores de PT-Morena, PRD y PAN advirtieron que pone en riesgo los recursos petroleros que corresponden al país y que se encuentran en los yacimientos transfronterizos.
La oposición demandó mayor información sobre ese tratado y otro similar signado con Cuba, a principios de 2017, antes de que Donald Trump asumiera la presidencia del vecino país del norte, toda vez que la intención es repartirse el polígono oriental del Golfo de México, región situada más allá de las 200 millas del límite exterior del mar territorial de Estados Unidos, México y Cuba, en un caso en que las principales beneficiadas serán las trasnacionales petroleras.
Entre los tratados relevantes que el Senado no ha ratificado está el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referido a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, que se adoptó en Ginebra, en julio de 1949.
El rezago incluye 10 documentos que están en el Senado desde 2014, al iniciarse la legislatura ahora por concluir. Entre ellos recomendaciones de la OIT, también adoptadas en Ginebra: una referida a la lista de enfermedades profesionales; otra sobre enfermos de VIH-sida y uno más sobre desarrollo de recursos humanos.
Asimismo, un acuerdo de coo-peración con Portugal para la reducción de la demanda del tráfico de estupefacientes y otro con España en materia de lucha contra la delincuencia organizada.
También pendiente está el controvertido Tratado de Asociación Transpacífico, firmado en Nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016, junto con cuatro acuerdos paralelos negociados en materiacomercial.
Otros 18 acuerdos internacionales son más recientes, la mayoría fueron enviados por la Cancillería al Senado en del octubre del año pasado, un día antes de la comparecencia ante el pleno de Videgaray. Se trata de un protocolo que modifica el convenio sobre transporte aéreo entre México y Canadá y otros sobre servicios aéreos con los gobiernos de Israel, España y Suiza.
Además, está rezagado un convenio de reconocimiento de certificados de primaria con Argentina y la Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes Culturales, firmado en Nicosia, Chipre, en mayo de 2017.
A ese atraso se suma el convenio internacional sobre protección de datos personales que la Secretaría de Relacione Exteriores está por enviar al Senado para su ratificación, según informó el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas.

Foto Cristina Rodríguez, Andrea Becerril
 Periódico La Jornada

Procuraduría Agraria falsifica padrones para hacerse de tierras en Xochimilco

Comuneros de San Francisco Tlalnepantla se niegan a ceder 300 hectáreas de bosque

Argucias de todo tipo para tener donde construir un cuartel para la Secretaría de Marina


La comunidad de San Francisco Tlanepantla, en la delegación Xochimilco, enfrenta una embestida institucional encabezada por el delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Ciudad de México (CDMX), René Francisco Bolio Halloran, ante la negativa de los comuneros a ceder 300 hectáreas de bosque para construir un cuartel de la Secretaría de Marina (Semar). Para ello el funcionario ha intentado suplantar a los comisariados de Bienes Comunales legítimos por incondicionales suyos, falsificar padrones y convocar asambleas espurias para obtener la donación a Semar.
La última asamblea espuria, fallida como todas, fue convocada lejos de la comunidad, dentro de la base de Semar en Cuemanco, el pasado 10 de diciembre; no llegaron ni 40 comuneros, de los 330 que componen Tlalnepantla. Raymundo Rojas, presidente de Bienes Comunales, destaca la mala fe de Bolio Halloran, incluso cuando se han reunido con él en sus oficinas. Y esta comunidad no es la única donde el funcionario ha dividido asambleas y comisariados de bienes comunales en la región rural de la capital de la República Mexicana.
Eso confirmaron hoy los representantes de diversas comunidades, durante una concurrida reunión –en Tlanepantla– de la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México (Aapcm), creada en diciembre por 15 comunidades originarias del sur de la Ciudad de México, y a la cual se están acercando otras. Similares maniobras han afectado a San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Nicolás Totolapan (Tlalpan), San Salvador Cuauhtenco (Milpa Alta) y San Juan Ixtayopan (Tláhuac), desde 2013, cuando Bolio fue nombrado delegado de la PA. En cada caso se señalan diversas prácticas irregulares y por lo menos dos comisariados legítimos declaran a La Jornada haber sido agredidos por oponerse a las maniobras de la PA en sus territorios. Fernando Arenas Ramírez, de Cuauhtenco, tiene enyesada la mano tras ser golpeado hace poco, mientras Raymundo Rojas, de Tlanepantla, terminó hospitalizado luego de sufrir una golpiza en marzo de 2017: ésta en el contexto del rechazo a la base de Semar.
Participan en la Aapcm comunidades rurales y semiurbanas de las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac e Iztapalapa. Sus representaciones comunales coinciden en ser independientes de los partidos políticos. Todas enfrentan conflictos y presiones en sus territorios por autoridades federales (como las secretarías de Marina y de Desarrollo Agrario, Terrritorial y Urbano), de la CDMX y las delegaciones. Comparten pésimo suministro o despojo de agua, obras impuestas como la Línea 12 del Metro, tala clandestina, corrupción monetaria por autoridades y partidos, divisiones inducidas, amenazas.
El caso de la comunidad anfitriona es emblemático. Según resalta la representación de bienes comunales, significa la militarización directa de sus bosques. Todo inició el 11 de septiembre de 2016, relata Rojas. El comisariado saliente, Jacobo Pineda, intentó hacer la donación a Semar, pero la asamblea no lo permitió, y con su antecesor Víctor Flores creó un grupo para remover a la mesa nueva. No lo consiguieron pero no nos dejaban trabajar desde que entramos en diciembre.
El 17 de marzo de 2017 la PA y sus aliados Pineda y Flores recurrieron a sellos y firmas falsas para hacer otra convocatoria. Usaron nombres de fallecidos y personas que no estaban presentes, y apenas lograron 20 por ciento y la gente impidió la asamblea. En abril, añade Rojas, los contrarios me mandaron golpear; terminé en el hospital de Xoco.
El delegado Bolio recurrió a sellos y firmas falsas en un nuevo intento, esta vez fuera de la comunidad, en Santiago Tepalcatlalpan, el 11 de junio y como los comuneros se desplazaron al lugar y ante la pretensión de los mismos para participar en la asamblea y negar la donación el personal de la PA se retiró. El último intento, quisieron hacerlo, ya de plano, en un cuartel de la Armada.
Mario Alberto Vázquez, asesor legal de San Francisco Tlalnepantla, asegura: El delegado Bolio Halloran es el eje que articula todo. Se le ha denunciado ante instancias legales, pero parece que es intocable. Detalla que las tierras que se quieren enajenar poseen importancia biótica. El bosque comunal que se ha convertido en refugio de la fauna silvestre expulsada por el crecimiento urbano de la CDMX y el estado de México: venado cola blanca, gato montés, cacomixtle, gallina de campo, coyote, teposingo.
Por otra parte, expresa que las presiones también proceden de la Comisión de Recursos Naturales de la CDMX. La comunidad posee títulos virreinales desde 1537 y conserva mil 135 hectáreas, mientras unas 4 mil más están en disputa con Milpa Alta y Cuauhtenco. Resulta interesante constatar que, pese a sus diferencias, todos estos pueblos están hoy unidos.

Hermann Bellinghausen
 Periódico La Jornada

9 ene 2018

Actualizando el Estado de los Derechos Humanos SIDIDH reporte 9 enero

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*Informe revela que son víctimas de violaciones a sus derechos debido a su condición: son detenidas arbitrariamente y no se respeta el debido proceso
 
Mujeres migrantes en prisión / Centro Prodh
Ciudad de México, 09 de enero de 2018. Agresiones, discriminación y fabricación de delitos, son algunos de los pesares por los que pasan en la frontera sur mujeres guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas que se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares de origen debido a la pobreza y a la violencia.
Tras analizar seis casos, los cuales se presentan en el informe “Criminalización de mujeres migrantes“, elaborado por el Centro Prodh, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Australia Aid, se da muestra de las fallas en los sistemas de administración y procuración de justicia, así como de las diversas violaciones a los derechos humanos de estas mujeres.
En prácticamente todos los casos, las víctimas fueron acusadas de la comisión de algún delito -generalmente trata de personas- tras operativos policiales en los cuales fueron privadas de su libertad, además de que se les obligó a firmar declaraciones fabricadas; cabe destacar que ninguna recibió asistencia consular, a pesar de ser una parte importante dentro del debido proceso.
Todas estas omisiones las dejaron en una situación vulnerable frente a las autoridades judiciales y ministeriales, lo que propició la criminalización y discriminación debido a que encontraban sin documentos al interior de un país ajeno; en cuatro de los casos, las mujeres recibieron una sentencia.
Pero las violaciones a los derechos humanos no sólo se presentan en el caso de las mujeres migrantes, sino que también sus familias son víctimas tras estas detenciones y acusaciones; el informe revela que la mayoría de ellas fungían como proveedoras en sus hogares, por lo que sus seres queridos son dejados en estado de indefensión al quedarse sin sustento; en otros casos, las detenciones se realizaron frente a sus familias, lo que les obligó a acompañar durante todo el proceso a las víctimas.
Es en este sentido, que los organismos que presentaron el documento giraron una serie de recomendaciones a autoridades locales -principalmente de Chiapas- y federales, como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como a la Procuraduría y Comisión de Derechos Humanos estatales.
Entre ellas destacan la sensibilización en torno de la migración, así como de las condiciones que obligan a las personas a abandonar sus países de origen, esto con el objetivo de brindarles asistencia en lugar de darles un trato discriminatorio y criminalizador.
Asimismo, se les hace un llamado a generar políticas que garanticen su protección y la colaboración con la región centroamericana con el fin de que se trabaje en pro de la creación de condiciones que propicien la no migración; aunado a ello se exhorta a que el debido proceso de las personas migrantes detenidas tenga siempre presente la asistencia de cónsules así como de intérpretes, en caso de requerirlos.
Por otro lado, se recomienda a las autoridades revisar los protocolos de operativos para que no se cometan más detenciones arbitrarias ni fabricaciones de delitos bajo coerción, así como documentar y atender, de manera oportuna, las violaciones a los derechos humanos.

Medios convencionales
PRD prepara controversia contra Ley de Seguridad / Milenio El PRD dio a conocer el borrador de Acción de Inconstitucionalidad que presentará en la Suprema Corte, para impugnar la Ley de Seguridad Interior, bajo el fundamento de que el Congreso no puede legislar en materia de seguridad interior, pues el artículo 73 solo los faculta a legislar en seguridad nacional.
Volver a ver a sus padres, piden a los Reyes Magos / La Jornada Niñas y niños vestidos de Reyes Magos pidieron de regalo que regresen con vida sus papás, desaparecidos en diversos puntos de Guerrero. Los pequeños llevaban pancartas que decían: “¿Dónde están nuestros papás?”, y “queridos Reyes Magos: les pido que traigan a mi papito”.
Las Abejas bajo acoso / Reforma La organización civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas de la masacre de Acteal, denunció la detención de otros ocho integrantes de su agrupación por parte de autoridades comunitarias de Chenalhó.
Intentan quemar casa de periodista / Excélsior La familia del reportero Gregorio Jiménez, asesinado en febrero de 2014, sufrió un atentado la madrugada de ayer en la comunidad de Allende, municipio de Coatzacoalcos. Los agresores no lograron dañar a la familia y por el contrario, estuvieron a punto de ser linchados.
Medios Alternativos
En 2017, cada tres días fue asesinada una mujer en Puebla: Universidad Iberoamericana / Cimac Noticias Durante 2017, cada tres días una poblana fue víctima de feminicidio, sin embargo, la atención a esta violencia por parte del gobierno es insuficiente, denunció la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
2017, fue un año de silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México: Redim / Revolución 3.0 El 2017 México se enfrentó a la emergencia nacional, no sólo por los fenómenos naturales, sino por la mayor vulnerabilidad que enfrentan niñas niños y adolescentes y ante la cual no se dieron avances significativos para erradicarla.
Ejecutan a cinco policías comunitarios en Acapulco y detienen e incomunican a 30: Centro Tlachinollan / Desinformémonos Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas, cuando pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local.
La pobreza los hizo migrantes, y ahora sus millonarias remesas son motor económico de México / SinEmbargo Al impulsar el consumo, en 2018 las remesas enviadas de Estados Unidos a México serán un salvavidas para nuestro país cuya economía debilitada los orilló a migrar. Sin embargo, no lo suficiente para enfrentar el mar de retos que implicará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la implementación de la Reforma Fiscal de Donald Trump y las elecciones de verano, expusieron economistas.

¡Ahí está el detalle!
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el año que terminó es memorable, con una mezcla de buenas y malas noticias. Después de dos años de trabajo se aprobaran dos leyes generales con potencial transformador: la de tortura y la de desapariciones. No sólo el resultado, sino también el proceso legislativo fue casi ejemplar, con una participación activa de los titulares de derechos.
El punto más bajo de 2017 fue la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) por el Poder Legislativo. El resultado es decepcionante, porque esa Ley petrifica la política de seguridad actual que en 11 años logró llevar a México del nivel más bajo de violencia al más alto, sin abrir la discusión a las alternativas.
 *Lee el artículo completo en El Universal

@Redes
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Campesinos de San Felipe del Ocote, Guerrero, enfrentaron a presuntos integrantes del grupo delictivo La familia michoacana el 5 de enero, lo que provocó el desplazamiento forzado de por lo menos 600 pobladores hacia la cabecera municipal, Apaxtla,  Teloloapan y otros lugares.
Le pido al presidente protección y ayuda para nuestras comunidades. Muchos pueblos se quedan solos. Da tristeza, pero ni modo. No podemos hacer nada”, expresó un campesino, ya subido en un vehículo.
La nota completa en Revolución 3.0
un ojo al gato transparencia
 Cartilla
Cartilla
El Servicio Jesuita a Migrantes, México y Centro Prodh realizaron esta cartilla que tiene como finalidad ofrecer algunas sugerencias para qué hacer en caso de desaparición forzada, y sobre el qué hacer en caso de alguna desaparición de familiares y/o conocidos.
Si alguien de tu familia o tú han decidido migrar, te recomendamos que leas esta cartilla, la reflexiones y compartas su contenido antes de viajar.
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